Las bases máximas de cotización se han incrementado casi un 20% desde 2010, sin que ello haya repercutido en una compensación equiparable en las futuras pensiones de los que perciben salarios más elevados. Esta falta de equidad en el sistema ya amplió del 23% al 32% el diferencial entre la aportación de los sueldos más altos y la prestación que recibirán cuando se jubilen.
Pese a ello la reforma del exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, incorporó un incremento de las bases máximas de cotización y, también, una cuota de solidaridad que entra en vigor en 2025 para la parte del salario que no cotiza por superar el tope máximo.
Dicho límite está situado en los 56.600 euros anuales o 4.720,50 euros mensuales. Todo aquel que gane más verá como su cotización se eleva a partir del próximo ejercicio desde el 0,92% y hasta el 1,17%. Tanto el destope como esta cuota la pagan los trabajadores y las empresas y no tiene carácter contributivo sino redistributivo. Esto quiere decir que servirá para añadir fondos con los que abonar las pensiones sin que ello genere una mejora en la base reguladora que calcula la futura prestación.
Por tanto, la brecha entre la aportación que realizan los que más cobran a la Seguridad Social y lo que recibirán cuando se jubilen irá a más. La cuota de solidaridad supone un mayor castigo para los sueldos altos, que además será insuficiente para revertir el desequilibrio de un sistema que afronta la jubilación del babyboom sin medidas para racionalizar el gasto. Queda así patente que el golpe a las rentas altas no resuelve el problema de las pensiones. Pero además de inútil, daña la atracción de talento, ya que desincentiva la permanencia de los trabajadores más cualificados, que son los que más cobran.
