Tras prorrogarlos el pasado 27 de diciembre, el Gobierno planea poner fin a los descuentos generalizados al transporte público al término del presente ejercicio y mantenerlos solo para los jóvenes y los jubilados. Todo apunta a que esta subvención, que garantizaba rebajas de al menos el 50% en el precio de los abonos, seguirá en los próximos meses el camino que ya han recorrido otras ayudas.
Es el caso de la rebaja del IVA a los alimentos básicos, que terminó el pasado día 1 de octubre. Bruselas y otros organismos, como el Banco de España o la AIReF, llevan casi un año pidiendo que estas subvenciones de carácter general decaigan y se centren en los colectivos y empresas vulnerables.
Aunque con meses de retraso, el Ejecutivo empieza a hacer caso a estas recomendaciones y demuestra su intención de acabar progresivamente con medidas incluidas en el famoso escudo social, que impulsó en respuesta a la crisis del Covid y la generada por el alza de la inflación a dos dígitos. Pero dicha situación excepcional ya ha terminado.
No en vano el último dato de IPC de nuestro país es del 1,6%. Carece, por tanto, de sentido mantener sine die unas ayudas de carácter general que tienen un alto coste (1.440 millones anuales en el caso de los descuentos al transporte), y de las que se benefician muchas personas que ni siquiera las necesitan. En un contexto de vuelta a la disciplina fiscal es fundamental enfocar las ayudas en los colectivos más vulnerables para reducir su coste, que es justo lo que ocurrirá con los descuentos al transporte. Sólo de esa forma se podrá dedicar una partida mayor a reducir los desequilibrios públicos y a las inversiones que el país necesita para impulsar su actividad económica.
