El proceso de liberalización del mercado eléctrico arrancó en 1997 por imperativo de la UE, que exigía introducir competencia en una actividad económica estratégica hasta entonces fuertemente intervenida por el Estado. A lo largo de estas más de dos décadas se ha avanzado mucho en este aspecto.
De hecho, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) destaca que en estos momentos hay un total de 39 ofertas que baten los precios de la tarifa regulada, conocida como PVPV. Asimismo, el organismo también indica que en el segundo trimestre de este año se han producido 1,98 millones de traspasos entre compañías eléctricas.
Cifra que supone un récord histórico de cambios de comercializador. Esto supone que el 6,5% de los consumidores ha cambiado frente al 5,2% del mismo periodo del año anterior. Pese a ello, las grandes compañías eléctricas siguen acumulando alrededor del 85% de cuota de mercado, dejando solo el 15% restante para el resto de comercializadoras.
Ante este panorama, la Comisión Europea vuelve a la carga y pide a España que presenta una hoja de ruta para la eliminación gradual de la tarifa eléctrica PVPC, salvo para los hogares que se consideren vulnerables o estén en situación de pobreza energética. Avanzar hacia la total liberalización del mercado eléctrico es, sin duda, una buena iniciativa de la que los propios usuarios serían finalmente los más beneficiados. Así lo demuestra lo ocurrido en el sector de las telecomunicaciones, donde el fin de la intervención pública ha impulsado la competencia. Esto ha generado una guerra de ofertas continuada de las distintas operadores, lo que ha supuesto un claro beneficio para los usuarios de telefonía.