Tras la pandemia, España se ha convertido en el motor económico de la UE. Una posición de privilegio que mantendrá sin problemas si se confirman las previsiones que apuntan a un alza del PIB cercanas al 3%. Este impulso debería convertir a nuestro país en polo de atracción de las inversiones extranjeras.
Pero eso no ocurre. Muy al contrario esta variable cayó un 20% interanual en el primer semestre del año. Como resultado, el volumen total de recursos que recibió España por los inversores foráneos se quedó en 11.762 millones. Una cifra que está por debajo del nivel previo a la pandemia, 12.452 millones en 2019, y que ahonda la tendencia a la baja ya iniciada el año pasado.
Tal descenso no puede achacarse a factores externos como el ya finalizado ciclo de alzas de tipos, ya que todos los países de la eurozona lo sufrieron por igual. Por tanto, son motivos internos los que hacen que el capital extranjero prefiera otros países a España. Los economistas siempre destacan la inestabilidad política y el exceso de burocracia como factores que frenan las inversiones.
Pero es evidente que la mayoría de las medidas en materia laboral e impositiva del Gobierno han sido contrarias a las empresas. Esto supone un claro desincentivo a la llegada de capital del exterior al generar incremento de costes e inseguridad jurídica. Por si fuera poco, los ataques a los empresarios por parte del Gobierno y la obsesión por castigar la riqueza también resta atractivo a nuestro país. Es por ello necesario un giro radical en la política económica e impositiva para crear un contexto adecuado con el objetivo de elevar las necesarias inversiones. Más aún en un momento en un contexto en el que la transición energética y la IAcrean el caldo de cultivo perfecto para captar grandes proyectos de inversión.
