El Tribunal de Cuentas desvela que casi la mitad de los ayuntamientos no presentó sus cuentas del año 2023 dentro de plazo, aunque muchos sí lo han hecho con posterioridad. Además, un 17% de los consistorios aún no ha entregado los informes anuales de los últimos tres años, siendo la documentación de 2020 la última registrada.
Lejos de lo que se pueda pensar, estos incumplimientos no se dan en mayor porcentaje en los consistorios más pequeños, donde hay menos personal. En cambio, el nivel de rendición de cuentas no es homogéneo en todas las autonomías ni en todas las provincias. Andalucía y Castilla-La Mancha destacan desde un punto de visto negativo, con más de un 40% de municipios que siguen sin cumplir con el Tribunal pese a que el plazo legal terminó hace más de dos meses y medio.
Esto contrasta con el cumplimiento logrado por parte de algunas entidades locales de autonomías como Valencia, Aragón, Madrid Galicia y Cataluña, que son las que han firmado los mayores porcentajes de rendición de cuentas, superando incluso el 95% en algunos casos. La razón de ello reside en que en la normativa autonómica de estos territorios se prevé la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas a aquellas entidades que no se hayen al corriente en la rendición de cuentas. Queda así patente la efectividad de este tipo de medidas sancionadoras.
Resulta por ello perentorio que autonomías como Andalucía o Castilla La-Mancha repliquen estas normativas y castiguen a los municipios que incumplen la Ley Reguladora de Haciendas locales. De esa forma se impulsará la necesaria transparencia en la gestión de los ayuntamientos y, también, en otras entidades, como diputaciones o cabildos, donde la opacidad también es elevada.
