Puigdemont vuelve a tener la sartén por el mango. El frágil gobierno de Pedro Sánchez está pendiente de que los siete diputados de Junts apoyen sus iniciativas. Los de Puigdemont cuenta que tienen órdenes directas de Waterloo para oponerse a cada propuesta de Gobierno, negociar hasta la extenuación la letra pequeña y obstaculizar el desarrollo de la legislatura, si fuera necesario. Pero, ¿se van a atrever a provocar la caída del Gobierno?
Aquí las opiniones están divididas, entre los que aseguran que sí, porque no tienen nada que perder y mucho que ganar, y los partidarios de tensar la cuerda, pero sin llegar a romperla. Los primeros consideran que el PP no está en disposición de vencer en unas nuevas elecciones y que Junts se beneficiaría porque barrería a ERC, su eterno rival en Cataluña, aprovechando su crisis interna y su alianz con Salvador Illa.
Pero qué más da lo que piensen en Junts, aquí sólo importa lo que decida Puigdemont. Y parece que está más enfadado que una mona con el Gobierno, porque los jueces no le han concedido la amnistía, después de meses de dimes y diretes y de modificaciones de borradores. Su intención es humillar al Gobierno, como hizo durante su escapada esporádica a Barcelona sin que fuera detenido a la luz de todos, y no le temblará el pulso para dejar de caer a Sánchez en cuanto las encuestas le sean favorables.
Pero el presidente es un superviviente nato, esperará a que las aguas se calmen para mover la siguiente ficha. Los próximos congresos de Junts y ERC pueden reconfigurar el poder en sus órganos de Gobierno. ¿Qué hay que tirar otro ejercicio sin Presupuestos? Pues se hace y dentro de un año, ya se verá. Sólo interrumpirá la legislatura si ve la oportunidad de ganar las elecciones. En eso es igual que Puigdemont. Son dos animales políticos, que ponen sus intereses por encima de todo lo demás.
Su intención es agotar los cuatro años. Ya nadie espera una moción de censura sorpresa como la que presentó él contra Rajoy, porque la colaboración del PP con Vox es cada vez más exigua. Llegar hasta el próximo verano está chupado, pero a partir de ahí lo tiene más complicado. Un tercer año sin Presupuestos es inconcebible y tampoco cuenta con mayorías suficientes para sacar la financiación singular.
Además, en el PP aseguran que menos en la amnistía, existen muchas materias, sobre todo económicas, en las que pueden entenderse con Junts. Los de Puigdemont están haciendo un esfuerzo por volver a parecerse a la antigua CiU para desmarcarse del tándem Rovira-Aragonés, cuyo último gobierno casi arruina Cataluña. Se mire por donde se mire, Puigdemont es su talón de Aquiles.
Hasta en el PP cren que habrá techo de gasto a costa de elevar en siete puntos el déficit de las autonomías, como pide Junts, lo que tendrá un coste adicional de 12.000 millones para el Estado. Lo curioso es que la autonomía más beneficiada sería Madrid, por eso quieren que entre en vigor la financiación singular, para negociar de manera bilateral con el Estado.
¿Y qué pasa si no hay Presupuesto para 2025? Que se produciría una racionalización automática del gasto público por segundo año consecutivo, que mejoraría nuestras cuentas públicas. Y poco más. Muchos agitan el fantasma de Europa y advierten de que Bruselas podría cortar el envío de los 20.000 millones que quedan por percibir de los fondos Next Generation no reembolsables si España no presenta un plan de reformas sólido, que incluya una consolidación fiscal para los próximos siete años.
La falta de Presupuestos mermará credibilidad a la senda de déficit y deuda que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, prometió para mediados de octubre. ¿Si el Gobierno no es capaz de tener un Presupuesto, cómo se va a comprometer con unas reformas para los próximos cuatro ó siete años? Es la cuestión que ronda en Bruselas.
Con el panorama europeo tan agitado, es difícil que en Bruselas plantee problemas al Gobierno español, que es uno de las más diciplinados y defensores de la Unión. El auténtico quebradero de cabeza es París, que debe presentar un plan para reducir el déficit en medio de una gran contestación social.
Francia lleva camino de convertirse en el enfermo de Europa, con incumplimiento de sus objetivos fiscales ante la debilidad de Enmanuel Macron. Cerró el año con un déficit del 5,5 por ciento, dos puntos por encima del español. Los analistas ponen en duda que el primer ministro, Michel Barnier, saque adelante el Presupuesto con recortes drásticos.
Unas declaraciones, en las que aseguró que evitaría una gran subida de impuestos y cargaría el peso sobre las rentas altas, provocaron que su prima de riesgo rebasara esta semana a la española. En el BCE, que preside la francesa Christine Lagarde, se barajan al menos dos nuevas rebajas de tipos de interés hasta finales de año para animar a las economías europeas. Sobre todo, la francesa y alemana, que amenaza con volver a la recesión.
En 2008, la crisis griega hizo tambalearse al euro. Nada comparado con el tsunami que podría general si Francia se rebela contra las metas fijadas por la UE. A ello se suma la inestabilidad del canciller Scholz. Con la ultraderecha en alza, la prueba de fuego son los presupuestos de 2025. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, amenaza con irse si no se emprenden recortes, que para socialdemócratas y verdes son una línea roja. El resultado de este tira y afloja marcará el futuro de la Coalición Semáforo.
Por el contrario, la OCDE pronosticó esta semana que la economía española está en el podio del crecimiento, con el 2,8 por ciento. Un porcentaje corroborado por el Banco de España y por el Gobierno, que lo sitúa en una décima menos. Europa no está en condiciones de poner trabas a España, que presume de ser el campeón en PIB y reducirá el déficit al 3 por ciento a finales de 2024, un año antes de lo previsto.
Existe gran expectación por conocer las reformas fiscales que proponga España, que podría incluir una nueva de vuelta a los gravámenes para las rentas altas, así como a las del capital. La Comisión sólo tiene obligación de publicar los objetivos de déficit y de deuda. De las reformas nos enteraremos demasiado tarde, cuando se ejecuten.
Es una pena que se haya puesto el acento en subidas permanentes de impuestos en lugar de aprovechar estos años de expansión para eliminar el gasto superfluo y acometer las reformas para mantener esta velocidad de crucero. El hundimiento de la inversión extranjera y el estancamiento de la renta per cápita son dos elementos indicativos de nuestra falta de la competitividad .
PD.- La toma de posesión de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España no logró disipar las incertidumbres sobre su mandato. Internamente se le reprocha que alterará el organigrama de la institución sin encargar un estudio previo, como es costumbre en la organización y que, además, pretendiera reformar el estatuto de autonomía por vía exprés. Para colmo de males, luego se supo que intentó colocar a Eva Valle, próxima Mariano Rajoy, como subgobernadora para intentar impedir la llegada de Soledad Núñez al este cargo. Entre sus primeras decisiones está la de traspasar las funciones de supervisión y de representación en el Mecanismo Unificado de Supervisión (MUS) que hasta ahora correspondía a la subgobernadora a Mercedes Solano, directora general de Supervisión. Pero ahí no acaba las veleidades, porque la polémica área de Prospecciones, que dirige Ángel Gavilán, crítico con sus políticas, se debilita con el traspaso de las fundicones de relaciones de instituciones a la nueva directora general, Paloma Marín.
El flamante gobernador tuvo ya su primer tropiezo. El consejero ejecutivo del PP, Fernando Fernández, que esta semana lucía una amplia sonrisa, se echó para atrás ante sus prisas pro reformar el estatuto de autonomía de la entidad. Escriva quiere que la reforma incluya el refrendo del gobernador por el Paralamento, como se hace en los grandes países europeos, para quitarse el estigma de que ha sido nombrado a do por el Gobierno. Pero Fernández se negó al darse cuenta de sus intenciones y de que la reforma del órgano de administración era espúrea, ya que se trata de una institución presidencialista, en el que el poder de decisión reside en el gobernador y en la comisión ejecutiva, controlada por el PSOE.
