España es la única gran economía de la UE que mantiene un gravamen propio a los supuestos beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas, dos años después de implantarlo. Ni Francia, ni Alemania ni Italia contemplan ya este tipo de tasas, que solamente están vigentes en Hungría, Lituania, Eslovaquía, Chequia y España.
Nuestro país se convierte así en una rara avis respecto a las grandes potencias del euro. Un aspecto que no parece preocupar al Ejecutivo que ha mostrado por activa y por pasiva su intención de extender en el tiempo los conocidos como impuestazos. Vaya por delante que tal prolongación de estas tasas solo será posible con la aprobación de unos nuevos Presupuestos, lo que no es fácil de lograr debido a la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.
Pero independientemente de lo que ocurra con las cuentas públicas de 2025, la realidad es que la vigencia de estos tributos carecen justificación. En el caso de la banca, es evidente que el reciente ciclo de bajadas de tipos de interés en la eurozona limitará esas ganancias extraordinarios que sirvieron de argumento para implantar la tasa. Ello pese a los más de diez años previos de tipos cero que castigaron al sector. Respecto a las energéticas, los actuales precios del megavatio distan mucho de los que hubo durante la crisis energética tras el inicio de la guerra en Ucrania. Queda así patente que las situaciones excepcionales a las que se agarró España y Europa para implantar los impuestazos no existen en la actualidad.
Por tanto, la persistencia de estas tasas que generaron una recaudación extra de 2.908 millones en 2023 no tienen razón de ser. Más aún si se tiene en cuenta que su vigencia frena las inversiones, en el caso de las energéticas, e impide a la banca ofrecer una mayor remuneración por los depósitos.
