La diferencia entre la edad real y la legal de jubilación provoca que el sistema de pensiones pierda cada año unos 1.200 millones, en concepto de las cotizaciones que los trabajadores dejan de pagar al retirarse prematuramente. Fue por ello acertado que el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, introdujera medidas encaminadas a reducir esta brecha en la primera parte de la reforma de pensiones aprobada en 2021.
Es el caso de los nuevos coeficientes que penalizaban de forma más dura la jubilación anticipada y también de los incentivos para alargar la vida laboral. Los efectos de ambas medidas ya se aprecian. Para empezar se ha dado un incremento de la edad efectiva de jubilación hasta los 65,2 años, máximo histórico y 0,4 puntos más respecto a 2022. Asimismo, la modalidad de retiro demorado (después de la edad legal) se duplica en dos años y ya supone el 10% de las altas a la Seguridad Social.
Por el contrario, la jubilación anticipada cae por debajo del 30% mientras que antes de la implementación de la reforma rondaba el 50%. Aunque el balance es positivo, la jubilación demorada solo crece tres puntos en los asalariados desde 2021, hasta el 6,4%, siendo el colectivo de autónomos el que impulsa la estadística, pasando del 12% al 27% de todas las altas. Un dispar comportamiento que refleja que los trabajadores por cuenta ajena se resisten a demorar su retiro.
Resulta por ello acertado que la actual titular de Seguridad Social, Elma Saiz, siga el camino de su antecesor, como demuestra el acuerdo sellado la pasada semana con los agentes sociales para elevar los incentivos a la jubilación demorada. El pacto eleva el atractivo que para las personas implica permanecer en el mercado laboral y, con ello, seguir aportando ingresos al sistema público.
