El plan fiscal es el primero de los documentos que los países deben facilitar a la Comisión Europea para garantizar que cumplirán los límites establecidos por las reglas fiscales.
El plazo para presentar el texto a Bruselas termina mañana viernes y el Gobierno ya ha dicho que lo retrasará al 15 de octubre, fecha que también es el límite para la entrega a la Unión del proyecto de presupuestos para 2025. La UE concede flexibilidad en los plazos de entrega y otros países también han anunciado demoras, lo que descarta cualquier tipo de sanción. Ahora bien, en el caso de España el problema no reside en la tardanza sino en la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, lo que siembra dudas sobre una hoja de ruta de consolidación fiscal que depende de unos presupuestos difíciles de aprobar.
