Los servicios de movilidad con conductor han transformado para siempre la forma en que nos desplazamos, no solo dentro de las grandes ciudades, sino también desde la perspectiva de facilitar la accesibilidad a las zonas más periféricas de las ciudades, donde con frecuencia falla un elemento vertebrador que es la red de transporte público.
A pesar de esta transformación, el sector de VTCs se enfrenta a retos que afectan al ejercicio de su actividad y a una competencia justa. En España, las normativas autonómicas carecen de una homogeneidad que presente un marco legal equilibrado y alineado con las directrices internacionales y europeas. En estos últimos días, el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por unanimidad una normativa de las Islas Baleares que imponía la obligatoriedad de un tiempo mínimo de espera de 30 minutos para la pre-contratación de servicios de VTCs. Una decisión similar a una sentencia del Tribunal Supremo este mismo año en el País Vasco. Este tipo de pronunciamientos dibujan un escenario más equilibrado y estable en el sector de la movilidad, evitando desventajas competitivas e imposiciones discriminatorias y, en definitiva, protegiendo el derecho a la movilidad y la libertad de elección de los ciudadanos.
Otros ejemplos de una falta de equilibrio entre las normativas de las comunidades autónomas los encontramos en Cataluña, donde el nuevo gobierno trabaja en una regulación sobre taxis y VTCs que puede salir adelante en el corto plazo. Esta nueva norma, de aprobarse por la vía de urgencia, sustituiría al anterior decreto generando una mayor incertidumbre en el sector y una falta de estabilidad que terminará afectando al ciudadano y al ecosistema de pymes con las que trabajamos. Unas modificaciones que siempre van a ser comprensibles con un enfoque de diálogo entre los actores públicos y privados implicados, pero que pierde sentido si no tiene en cuenta las consideraciones de todos ellos.
La disparidad también alcanza a más ciudadanos en España, como en Andalucía o la Comunidad Valenciana, manteniéndose en esta última una limitación de tiempo mínimo de espera como la anulada por el TC en Baleares.
En este contexto, cabe recordar que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de junio de 2023, las cuotas cuantitativas anteriores se justificarán por motivos de interés público como la calidad del aire o la congestión del tráfico. Los responsables públicos tienen hoy en día la oportunidad de poder contar con datos precisos gracias a la tecnología de la que disponen las plataformas digitales. De esta forma, las decisiones que se vayan adoptando serán cada vez más en interés del ciudadano y de su libertad de elección. Más diálogo, a partir de los datos, siempre será la mejor solución para trabajar en un marco legal estable y justo. Abramos camino a una movilidad sin trabas, en la que el ciudadano sea siempre la prioridad.
