Daniel Martínez, asesor laboral de Adlanter
El 18 de septiembre es el Día Internacional de la Igualdad Salarial designado por la ONU para concienciar del derecho que tienen hombres y mujeres a percibir una misma remuneración por un trabajo de igual valor, teniendo en cuenta factores como competencias, condiciones de trabajo, calificaciones y niveles de responsabilidad.
La lucha por esta igualdad salarial que reafirma los derechos humanos y la igualdad de género tiene su principal antecedente en el Convenio sobre Igualdad de Remuneración en el año 1951. Este fue el primer instrumento internacional con el que se pudo establecer -tras la consolidación del papel de la mujer en el mundo laboral como consecuencia de la segunda guerra mundial- una base que permitiera dar los primeros pasos para lograr una mayor igualdad de género en el mercado de trabajo.
En España, el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores subraya la importancia de esta equidad al establecer que los empleadores están obligados a pagar el mismo salario por trabajo de igual valor, sin discriminación por razón de género. El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, regula la obligación del empresario de llevar un registro salarial de su plantilla y el derecho de acceso a esa información por parte de las personas trabajadoras sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia.
Ya a nivel europeo cabe destacar que la igualdad de retribución también es reconocida como derecho y principio fundamental recogido en el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en hasta seis directivas comunitarias y en el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Es evidente que normativa sobre la materia no nos falta. Contamos con suficiente base legal para poder regular el avance hacia la deseada igualdad salarial, y, no obstante, nos seguimos topando de bruces con la triste realidad. En 2023, según datos de Eurostat, las mujeres en la UE ganaron una media del 12,7% menos por hora que los hombres. La brecha de España se situó en el 8,9%.
A la vista de estos datos, aunque la igualdad salarial es un tema sobre el que la sociedad cada vez presta más atención, desde la legislación laboral hasta las asesorías, tenemos todavía un gran trabajo por hacer para cumplir con esta misión. Una misión que sin duda pasa en primer lugar por concienciarse de que garantizar la igualdad de remuneración va más allá de ser una cuestión social. La equidad salarial no solo fomenta un ambiente laboral más motivador y productivo, sino que también fortalece la cohesión social y contribuye a un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.
Cabe preguntarnos si desde las empresas se está cumpliendo correctamente la normativa y si hay algo más que se pueda hacer para reducir esta brecha. Pensamos que tan importante es contar con una regulación clara y eficaz que reconozca el derecho fundamental a la igualdad salarial como contar por parte de las empresas de un buen conocimiento de la normativa para una correcta y exitosa aplicación en tiempo y forma.
Por poner un ejemplo claro de algunas carencias detectadas: las empresas y los convenios colectivos deben adoptar y aplicar el principio de transparencia salarial. Esto significa que deben proporcionar información clara y suficiente sobre cómo se determinan los salarios y sus componentes, para entender mejor el valor que se asigna a los sueldos de los trabajadores. El objetivo del principio de transparencia salarial es detectar discriminaciones, ya sean directas o indirectas, especialmente las causadas por evaluaciones incorrectas de los puestos de trabajo. Esto ocurre cuando, por hacer un trabajo de igual valor, se recibe un sueldo menor sin una justificación objetiva y legítima, y sin que los medios para alcanzar esa finalidad sean adecuados y necesarios.
En este contexto cobra especial valor la figura del asesor o del experto en temas laborales que puede ayudar a empresas grandes, pero también a las pequeñas y medianas empresas a cumplir con la normativa vigente.
No podemos negar que el principio de igualdad salarial se incumple en numerosas ocasiones, ya que existen muchas circunstancias susceptibles de provocar discriminación en el mercado de trabajo. En consecuencia, luchar contra la desigualdad salarial requiere acciones multidimensionales, abarcando factores sociales, culturales y legales para así lograr la igualdad retributiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Por ello, cada vez hay más asesorías especializadas en las herramientas que la legislación pone a nuestra disposición para combatir esta desigualdad.
La equidad salarial no solo es una cuestión de justicia social, sino que también contribuye a la cohesión y el bienestar general de la sociedad, impulsando un crecimiento económico más inclusivo. Solamente con un esfuerzo conjunto entre empleadores, legisladores y trabajadores se podrá cerrar esta brecha y alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades en el mercado laboral, normalizando así un derecho que hace casi un siglo que nuestra sociedad viene reclamando.
