El acuerdo de fiscalidad para Cataluña limita el principio de solidaridad de la actual normativa autonómica, que lleva a los territorios más ricos a financiar al resto.
Un precepto incluido en la Constitución. Pese a ello, Cataluña aspira a topar dicha solidaridad primando el principio de ordinalidad. De esta forma, la cantidad que recaudaría cada región por habitante sería más similar a la que recibe del Estado, lo que haría que se redujese el monto en aquellos lugares menos poblados y, por ende, con menos capacidad recaudatoria. El concierto económico catalán supondría así un duro golpe fiscal para el resto de autonomías, aunque las más afectadas serán Andalucía, Canarias y Castilla y León, que están abocadas a recortes de su gasto público de hasta 6.100 millones.
