Con la llegada del verano, resurgen en España los debates sobre el impacto del turismo. Cada vez son más las voces que atribuyen al turismo patologías no demostradas, económicas y sociales. En este contexto, sin embargo, quienes parecen estar bajo la lupa no son los actores que han alimentado el modelo durante años. Solo se incrimina a las familias que buscan disfrutar de unas merecidas vacaciones, los jóvenes deseosos de explorar el mundo y los miles de personas que alquilan sus viviendas o segundas residencias para complementar sus ingresos, en el ejercicio de sus derechos civiles inherentes a la propiedad, incluida su función social.
Es innegable que España mantiene una dependencia sistémica del turismo, pero sorprende que se haga todo lo posible para que ese beneficio se pretenda secuestrar en manos de unos pocos, los operadores tradicionales. Según un reciente informe de EY, en España se prevé la construcción o renovación de más de 800 hoteles que añadirán alrededor de 76.845 nuevas habitaciones a la oferta hotelera, en los próximos dos años. De toda esta nueva oferta, casi el 90% se concentrará en zonas urbanas y turísticas.
Con este escenario, muchos de los que protestaban contra el turismo masivo se alborozan de estas inversiones, tanto desde las administraciones públicas que otorgan licencias y permisos con un criterio que no vamos a calificar, ya que la huella de hormigón y asfalto en las costas peninsulares habla por sí sola. Mejorar e invertir en competitividad turística hotelera, es una necesidad para España y es innegable que beneficia a la competitividad del destino, pero levanta importantes preguntas sobre el equilibrio entre la oferta hotelera —dominada por un grupo muy específico de operadores— y la que ofrecen miles de ciudadanos en España gracias a la figura de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), donde el impacto se diluye en la diversificación de espacios y ciudades, sin concentraciones masivas, y donde el proceso de enriquecimiento cultural del contacto cotidiano se hace más evidente.
Este constante crecimiento de la oferta hotelera en los mismo lugares de siempre demuestra que el problema no es la saturación turística per se, sino la falta de un modelo equilibrado que incluya tanto hoteles como VUTs, permitiendo que los beneficios del turismo se repartan por más zonas España y, sobre todo, que se distribuyan de manera más equilibrada entre los ciudadanos.
Exceltur, la principal asociación de grandes empresas turísticas en España ha sido una de las voces más críticas contra las VUT. En 2022, un informe de la asociación advertía sobre el impacto negativo de las viviendas de uso turístico sobre el mercado de alquiler, argumentando que estas viviendas contribuyen a la escalada de los precios y presionando a los gobiernos para levantar medidas legislativas que restringieran las VUT. Esta opinión, respetable, no está avalada por datos econométricos.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) deja claro que las VUT representan solo el 1,4% del total de viviendas en España, y que su peso en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona es incluso menor a la media española. También según los datos compartidos por el INE, más del 80% de los turistas que visitan España se alojan en hoteles. Por lo tanto, las viviendas de uso turístico, a nivel agregado, hospedan solo dos de cada diez turistas y en muchos lugares de ocio los hoteles acaparan más del 90% de la oferta. El INE también reconoce que hay 3,8 millones de viviendas vacías, es decir que por cada vivienda turística hay 10 viviendas vacías.
Es curioso que cierta política muy arraigada, que percibe a la empresa como un sujeto sospechoso, en el caso del turismo, han preferido seguir la tradición de los Planes de Desarrollo de mediado el siglo pasado (los extremos se tocan). También resulta llamativo que los inventores de la pulserita "todo incluido", los vuelos chárter y el paquete de vacaciones, se saquen de encima responsabilidades en saturación, calidad e impacto de su actividad.
Pero lo que resulta más grave es que todo un poderoso entramado de empresas responsabilice a sus competidores —que en este caso son miles de pequeños propietarios en toda España— de las externalidades negativas de un modelo forjado durante 75 años con el apoyo de las instituciones públicas y que ahora éstas, en general de tendencia política contraria, culminen la faena aprobando leyes que sellan la posición dominante de la industria turística.
Este pilar de la economía (seguimos siendo lo que realmente somos) necesita un replanteamiento. Las viviendas de uso turístico no son un adversario que genere competencia ni mínimamente relevante en la economía patria; son una parte esencial de un modelo más inclusivo y sostenible, que llega a más personas y a más destinos, y que deja un impacto directo en familias y comercio local.
Las VUT constituyen una oferta heterogénea: no es lo mismo un apartamento dedicado los 365 días del año a la actividad turística, que una segunda residencia en la playa que sus propietarios alquilan de vez en cuando para costear sus gastos o ganar un dinero extra, no pocas veces ante la imposibilidad de acceder al crédito o para atender urgencias familiares perentorias.
No es lo mismo un piso en El Raval de Barcelona, que una casa rural en un pueblo de la provincia de Salamanca. Las necesidades de los viajeros también son dispares: a veces quieren una escapada de fin de semana a una ciudad española o europea, otras un viaje organizado en un destino lejano, en muchas ocasiones una estancia en familia (el 70% de las estancias en VUT son de familias) o en un puente y a menudo pasar tiempo con amigos en un entorno rural o natural.
Por ello, situar todas las VUT en el mismo plano regulatorio y bajo la misma mirada restrictiva del centro saturado de una ciudad, es una imagen distorsionada de la realidad, que obvia muchas de sus ventajas, de modelos que conviven. Nadie negará a estas alturas que, a lo largo de los dos siglos de turismo, ha sido, y es, un desahogo logístico de los establecimientos hoteleros, facilitar pisos a sus clientes cuando sus instalaciones se ven saturadas. Por eso hay un ápice de doble moral en ciertas críticas.
España es uno de los países de la UE en el que más ciudadanos poseen una segunda residencia o una casa familiar en el pueblo. Una buena regulación de las VUT representa una herramienta útil para que estas familias y estas casas, repartidas por toda España, puedan benefician directamente del turismo, y ser un complemento de otros operadores (restauración, turismo de naturaleza, cultural, etc.). Juntos suman mucho más de la suma aritmética, esa es la gran ceguera de algunos análisis.
Incluso hasta en entornos urbanos tiene sentido la existencia de una oferta equilibrada de VUT: acoger puntas de llegadas de viajeros en grandes eventos (como unos juegos olímpicos, festividades o acontecimientos culturales espontáneos), estancias de larga duración para tratamientos médicos, cursos o exámenes universitarios, proyectos de empresa que se prolongan por días, etc.
Cargarse las VUT pone en riesgo miles de empleos asociados: hostelería, comercio local y eventos: muchos festivales o eventos no tienen donde alojar a sus participantes si no fuera por la oferta flotante de las VUT. Los ciudadanos propietarios de VUT son los primeros interesados en que su actividad no genere molestias. Quieren regulaciones claras y en lugar de ser restringidas, deberían ser reguladas de manera justa y clara en todo el entorno europeo.
La lucha contra las VUT en España parece una maniobra para favorecer a las grandes cadenas hoteleras, que ya dominaban el sector. Este escenario sugiere una posible colusión entre intereses empresariales y decisiones políticas, lo que debería alertar a las autoridades de competencia. Restringir este tipo de viviendas con recetas regulatorias maximalistas no disminuirá el número de visitantes, ni los redirigirá hacia los hoteles y canales de distribución opacos, perpetuando un modelo que, paradójicamente, es el mismo que se critica en las manifestaciones contra el turismo masivo en diversas regiones de España.
Sencillamente se reducirá, afectando, a la postre, a los ciudadanos en general, al empleo en general, a las actividades de naturaleza y cultura. En definitiva, extirpando una parte, otras no mejoran. Todas sufren la perdida. También los hoteles. Solo apelamos a la complementariedad, al dialogo y a las decisiones basadas en datos. España necesita el turismo. Y nos enriquece. Hay que repensar muchas cosas, pero sería una ceguera política y social poner el acento restrictivo en las VUT: eso no arreglará nada. Y perjudicará mucho.
