Los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción, que abonan las autonomías, alcanzan en la actualidad la cifra récord de 667.400 personas.
Sus perceptores superan así en casi un 60% el volumen alcanzado en un año de franca recesión como fue 2009. Dicho incremento pone en cuestión el alcance real de la recuperación posterior a la pandemia. Pero también debe suscitar una reflexión sobre unas ayudas temporales, que tienden a perpetuarse en el tiempo.
El diseño de la Renta Mínima está específicamente dirigido a favorecer la inserción laboral, pero ese objetivo no se cumple. Debería así plantearse una redefinición de este subsidio, especialmente urgente en un momento de crisis migratoria como el que España sufre actualmente.