El escrutinio de las cuentas públicas que ya lleva a cabo el recién formado Govern del presidente Salvador Illa revela una sorprendente evolución del gasto en el primer semestre de este año.
Los desembolsos que impulsó el equipo de Pere Aragonès rozan los 20.000 millones, un 9,3% más que en idéntico periodo de 2023. Un incremento de esa cuantía solo puede llamar la atención considerando que el Ejecutivo liderado por Esquerra disfrutó de plenos poderes este año durante un periodo muy corto, ya que fue en marzo cuando anunció que su legislatura se terminó y adelantó las elecciones a mayo.
Es más, a priori, el gasto de la Generalitat debía sujetarse a los límites del año pasado, dado que ERC no consiguió aprobar nuevos Presupuestos en 2024 y prorrogó los propios de 2023. Ahora bien, era inevitable que el desembolso continuará al alza considerando el gran volumen de obligaciones de pago atrasadas, con los sectores sanitario y de protección social, a las que el equipo de Aragonès tenía que hacer frente.
El origen de la mayor parte del alza del gasto público registrada en el pasado semestre responde así a los desembolsos vinculados con el sistema de conciertos sanitarios y sociales, heredados de otros ejercicios, que la Generalitat mantiene con diversos centros públicos y privados.
Ni siquiera el fuerte incremento que desde hace años muestran los ingresos del sector público catalán, derivado de las entregas a cuenta del Estado y de la alta presión fiscal de este territorio permiten a su Gobierno autonómico cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma. Es una prueba más de hasta qué punto el independentismo, mientras estuvo en el poder, descuidó incluso los servicios públicos más básicos, mientras priorizaba el desarrollo del procés.
