El Gobierno cumple con la amenaza que formuló antes incluso de que Magyar Vagon lanzara su oferta sobre el 100% de Talgo. El Ejecutivo se ampara en el escudo antiopas en vigor, creado durante la pandemia, y veta los planes de la empresa húngara invocando riesgos "insalvables para la seguridad nacional y el orden público".
Esas palabras están muy lejos de poder zanjar este conflicto. Aún cuando Moncloa se niega a detallar sus argumentos, por constituir "información clasificada", Magyar y los accionistas minoritarios de Talgo tienen ya base para recurrir ante los tribunales la decisión gubernamental.
No en vano se trata de una acción contra una empresa procedente de un país que es miembro de pleno derecho de la UE. El Gobierno español alega también los recelos que provoca la presencia, en el consorcio liderado por Magyar de inversores ligados al primer ministro Orbán. Debe recordarse, no obstante, que el fabricante húngaro aseguró que el fondo público Corvinus saldría del consorcio, una vez consumada la opa. Tampoco está demostrado que la tecnología de Talgo puede acabar en manos rusas por los vínculos de Orbán con Vladimir Putin.
Ante esta situación, Magyar y los accionistas de Talgo pueden alegar ante el Supremo, y también ante la UE, que Moncloa adopta una política intervencionista en una operación empresarial privada. Se abrirá así un complicado litigio en el que el primer perjudicado será Talgo, dado que retrasa toda oferta alternativa por el fabricante de trenes, incluida la lanzada por Skoda Transportation. Además, puede forzar una operación encabezada por Sepi, Escribano Mechanical y Criteria, ninguno de los cuales es especialista en un sector tan competitivo.
La empresa española verá demorado aún más el acceso a un nuevo socio industrial que le permita solucionar los graves problemas de falta de capacidad para atender pedidos que afronta.
