Las ayudas con las que el Estado ayuda a la Seguridad Social a pagar las pensiones, ante la insuficiencia de los ingresos de esta última Administración, suman en el primer semestre cerca de 30.400 millones, un 10% interanual más.
Seis meses bastan para que los préstamos y transferencias que requiere el sistema público de protección asciendan ya a más del 70% de los recursos que fue necesario liberar en todo el año pasado. El camino queda así allanado para que el montante de este tipo de ayudas bata récord en 2024, una posibilidad que no se vería obstaculizada por el hecho de que las Cuentas del Estado estén prorrogadas este año y, muy posiblemente, continúen en esa situación una vez iniciado 2025. La movilización de un volumen extra tan elevado de recursos supone un esfuerzo que exige contrapartidas cada vez más costosas.
No en vano son los impuestos los que sufragan los ahora llamados gastos impropios de la Seguridad Social. Por su parte, los préstamos para atender obligaciones como las pagas extraordinarias de los pensionistas implican elevar el ya cuantioso pasivo –cercano al 110% del PIB– del conjunto del sector público.
Y todo ello no evita que la situación financiera de la Seguridad Social siga deteriorándose, Su déficit real, descontadas las ayudas estatales, ronda el 2% debido a que los ingresos por cotizaciones se ven desbordadas por un volumen de gasto que no encuentra techo, una vez blindada la actualización de las pensiones con el IPC, y por el inicio de las jubilaciones de la generación del baby boom. Las transferencias y créditos de la Administración central se revelan así como un parche para una situación financiera, cuya gravedad requiere medidas de racionalización del gasto que la última reforma de pensiones ignoró por completo.
