El primer semestre de este año concluyó sin que el Gobierno cumpliera con el calendario que estipula la Comisión Europea para que los Estados miembro formulen sus peticiones de los sucesivos desembolsos de fondos anticrisis Next Generation.
Esa hoja de ruta establece que Moncloa debió presentar la solicitud relativa al quinto pago antes del verano, lo que habría activado ya el proceso de evaluación, por parte de Bruselas, del cumplimiento de las reformas a las que el Ejecutivo español se ha comprometido. El retraso genera claros inconvenientes logísticos y de procedimiento, dado que la petición del quinto tramo se solapará con la propia del sexto en el plazo de tan solo cuatro meses que quedan hasta que el presente año termine.
Pero, aún más importante, la demora puede interpretarse como un síntoma de las dificultades que Moncloa afronta para cumplir con los requisitos que Bruselas asocia a sus desembolsos. Tras los cambios en el mercado laboral y el sistema de pensiones, ahora es el turno de una reforma fiscal cuyo futuro es cada vez más incierto, pese a no estar siquiera iniciada.
Todo apunta a que los planes que presente Hacienda serán rechazados por la mayoría de la Cámara, como ya le ocurrió a este Ministerio con los objetivos de estabilidad que sirven de base a los Presupuestos del Estado de 2025. Queda así en el aire la llegada de 11.600 millones en transferencias, más una cantidad todavía mayor ligada a créditos a bajos tipos de interés, entre los tramos quinto y sexto pendientes de Next Generation. Se trata de una mala noticia para un país como España en el que el gradod de ejecución real de estos recursos presenta una lentitud que deja de agravarse desde 2021.
