Aconseja sabiamente el refranero que los árboles no te impidan ver el bosque o, lo que es lo mismo, que no te detengas en la superficie o el relato para profundizar en lo que esconde el interior. Y, sin ánimo de ser catastrofista, sino de ser fiel a los números y la estadística, eso es lo que ocurre aquí y ahora con los datos de la economía española, que tras unos indicadores macro de crecimiento y empleo aparentemente aceptables, se esconde una realidad social, familiar y empresarial que muestra síntomas más que alarmantes de agotamiento, empobrecimiento y recesión.
Con un avance del PIB del 0,8% en el segundo trimestre de este año y del 2,9% en comparación interanual resulta que somos el único país de la Unión Europea que no ha recuperado el poder adquisitivo anterior a la pandemia, incluso la renta per cápita está un 14% por debajo de la media europea. Pero aún más grave, y revelador es el hecho de que en la España de Sánchez y su gobierno supuestamente social y progresista, viven 12,7 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, el 26,5% de la población total. Y hasta un 9% está en carencia material severa, con datos del indicador de la Unión Europea, Arope. Una España donde la pobreza infantil alcanza al 32% de los menores de12 años, la renta disponible de los hogares se ha reducido un 4% y la pobreza energética se ha más que duplicado desde 2018, año en que Pedro Sánchez ocupó la presidencia del Gobierno. De hecho, el porcentaje de población que no puede mantener su hogar en condiciones adecuadas de temperatura por su situación de pobreza ha pasado del 9,1% hace seis años al 20,8% en la actualidad.
Y un gobierno que presume de que la nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a 625.382 hogares en los que viven 1.883.124 personas, es decir de distribuir la pobreza en lugar de generar empleo y riqueza, con el agravante de que esa cifra sólo supone sólo el 12% de quienes padecen pobreza o exclusión social.
Con una inversión en caída libre que está tres puntos por debajo de 2018, España ha perdido 73.000 autónomos con trabajadores a cargo en un año, o lo que es lo mismo 200 cada día. El coste de cotizaciones por empleado que subió un 8% y crece al mayor ritmo en 24 años por las subidas salariales, el aumento de los costes de producción y la asfixia fiscal que padecen las empresas y las familias son las causas esenciales de esta mortalidad de los emprendedores que afecta también a las pymes que, como es sabido, representan el 99% de nuestro tejido empresarial y aportan más del 70% del empleo. En España, el Impuesto de Sociedades es un 16% más alto que la media UE perjudicando gravemente la competitividad de nuestras empresas, nuestros productos y servicios, al tiempo que las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social suponen en España un 25,2% del total de la recaudación, mientras que en la UE la media es del 17,7%. Siendo España también el país con el mayor esfuerzo fiscal, un 17,8% superior a la media de la UE, y el que más ha subido la presión fiscal desde la pandemia.
Todo esto con un nuevo récord de deuda pública que supera los 1,62 billones de euros el 108% del PIB, cifras que nos sitúan entre los países más endeudados del mundo y siendo España el líder del desempleo de la UE, duplicando la media de la Unión, con más de cuatro millones de parados reales, un millón más de los que reconoce el Gobierno. Y, por si no fuera suficiente, la Secretaría de Estado de Comercio confirmaba que las inversiones extranjeras en España se desplomaron en 2023, hasta alcanzar sólo 28.215 millones de euros, un 18,5% menos que en el año precedente, mientras nuestro déficit comercial se incrementó un 7,4% durante los primeros cinco meses de este año, alcanzando los 15.109,6 millones de euros, por la caída del 2,3% en las exportaciones. Pues sí, como dice el Gobierno la economía va como un cohete, pero como un cohete de feria y con la pólvora mojada.
