El "error" cometido este mes por los Ministerios de Trabajo y de Igualdad, que altera sin previo aviso las condiciones de despido de los trabajadores con jornada laboral adaptada, dista mucho de ser un fenómeno aislado.
El clamor es unánime entre los juristas a la hora de denunciar el modo en que las contradicciones, rectificaciones in extremis y los textos legales incompletos, y plagados de ambigüedades, se han convertido en las señas de identidad de la labor legislativa de esta legislatura y de su predecesora.
En consecuencia, el Gobierno ha tenido también que enmendarse a sí mismo en cuestiones tan delicadas como la normativa para implantar planes de igualdad a las empresas, las condiciones en que queda un trabajador tras un despido improcedente o los protocolos para combatir la discriminación en los puestos de trabajo. Todo ello es característico que un Ejecutivo que busca paliar su dificultad para cerrar acuerdos recurriendo de modo abusivo a los decretos-ley, con la esperanza de que podrá perfeccionarlos cuando dichos decretos se sometan a convalidación en el Parlamento.
Pero también es un preocupante síntoma del ineficiente funcionamiento interno que muestra el Gobierno. La total descoordinación entre Trabajo y otros ministerios con los que comparte funciones, en especial Seguridad Social e Igualdad, provoca que la proliferación de fallos normativos sea ahora comparable a la que se planteó en los peores momentos de la pandemia, cuando la emergencia sanitaria obligaba a legislar al día en el mercado laboral. Es una situación intolerable que añade todavía más inseguridad jurídica a la ya compleja regulación española de las relaciones entre empresas y trabajadores.
