El acuerdo de financiación para Cataluña pactado entre PSC y ERC limita el principio de solidaridad de la ley de financiación autonómica, que lleva a los territorios más ricos a financiar al resto.
Un precepto incluido en la Constitución que insta a velar por "un equilibrio económico entre las diversas partes de España". Pese a ello, el texto indica que Cataluña aspira a topar dicha solidaridad primando el principio de ordinalidad. De esta forma, la cantidad que recaudaría cada región por habitante sería más similar a la que recibe del Estado, lo que haría que se redujese el monto en aquellos lugares menos poblados y, por ende, con menos capacidad recaudatoria. El llamado concierto económico catalán supondría así un duro golpe fiscal para las autonomías más despobladas.
