El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) falla en contra de España y concluye que incumple la Carta Social Europea en materia de despido. Además, insta a incrementar las indemnizaciones para disuadir a las compañías de abusos con las extinciones de contratos.
Tal y como se preveía, Yolanda Díaz ya ha utilizado la resolución para impulsar un encarecimiento del despido improcedente, pasando de los 33 días actuales a 45 y suprimiendo el límite de dos años. No en vano, la vicepresidenta ya ha anunciado que convocará a la mesa de diálogo para acometer esta reforma. Pero Díaz olvida que la mayoría de los países de la UE no cumplen el mandato del CEDS, cuyas decisiones no son vinculantes. Por ello, la subida del despido que Trabajo plantea carece de justificación y supondría un mayor daño a las empresas tras las subidas de las cotizaciones sociales.
