Pedro Sánchez anuncia en el Congreso que movilizará 100 millones de euros procedentes de los fondos europeos en ayudas para impulsar "la digitalización de los medios de comunicación".
Aunque el presidente del Gobierno la 'vende' como nueva, esta iniciativa ya fue anunciada hace un año sin que se haya llevado a cabo hasta ahora. Asimismo, la medida forma parte del plan de regeneración democrática, donde también se incluyen otras propuestas para identificar a aquellos medios que el propio Sánchez ha bautizado como "pseudomedios", a los que tacha de "intoxicar el debate político, socavar la convivencia y polarizar la sociedad".
Con ese objetivo, forzará a los medios a hacer públicas sus fuentes de financiación, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia. Curiosamente, el Ejecutivo está muy lejos de tener en cuenta dichos datos de audiencia o de lectores a la hora de decidir el destino de su publicidad institucional. De hecho, los recursos otorgados a los críticos están muy lejos de los que perciben aquellos que celebran las actuaciones del Gobierno.
Ello pese a que la obligación de todo periodista es informar independientemente de que eso sea favorable o no a los intereses de Moncloa. Resulta, por ello, perentorio que el reparto de las ayudas a la digitalización se haga con la misma transparencia que Sánchez exige a las empresas periodísticas. Este dinero no debe suponer un premio o un castigo para los medios ni seguir criterios políticos, ya que ello supondría un inaceptable ataque contra la libertad de prensa.
