El Consejo de Ministros da el primer paso para la elaboración de los Presupuestos de 2025 con la aprobación del techo de gasto, que se elevará un 3,2% hasta los 195.353 millones.
Una cifra récord que aumenta hasta los 199.100 millones, si se tienen en cuenta las transferencias procedentes de los fondos europeos. Pese a este incremento el Gobierno está en condiciones de cumplir con las reglas fiscales europeas. A ello contribuirá un sólido crecimiento económico que impulsa la recaudación, que también se beneficia del alza de la inflación.
Tanto es así que en el nuevo cuadro macro, el Ejecutivo eleva cuatro décimas su expectativa de PIB para este año, hasta dejarlo en el 2,4%, porcentaje que coincide con la estimación del FMI. Además, la esperada mejora del mercado laboral, debido a la llegada de inmigrantes, permite al Gobierno anticipar que la economía seguirá creciendo en torno al 2% en 2026 y 2027.
Este optimismo es el argumento que la vicepresidenta María Jesús Montero utiliza para justificar que la tendencia al alza de los desembolsos públicos iniciada durante la pandemia se mantenga en los próximos años. Así, el Gobierno estima un aumento del techo de gasto del 3,3% en 2026 y del 3,4% en 2027, lo que elevará la cifra final hasta superar ampliamente los 200.000 millones, cuando en 2020 dicha cantidad era de 127.609 millones.
Un aumento de más del 36% que no está justificado, ya que la situación excepcional provocada por el Covid no existe. Pero más grave aún es que el Ejecutivo no aproveche estos años de bonanza económica para corregir en mayor medida los desequilibrios de las cuentas públicas y acumular así reservas ante futuras crisis. Con su desmedido impulso del gasto lo único que logrará es hipotecar el futuro de los españoles.
