El Gobierno ultima la transposición de una directiva europea que regulará la actividad de los llamados servicers, que son las plataformas que gestionan el recobro de la deuda morosa desalojada por los bancos.
El Ejecutivo no se limitará a trasladar la legislación europea sino que añadirá medidas complementarias. Así, el Anteproyecto de Ley obliga a la banca a ofrecer quitas e incluso a realizar condonaciones parciales de deuda a clientes vulnerables si decide empaquetar su crédito y transferirlo a un tercero. Según el texto, la cuantía perdonada por el banco deberá encontrarse alienada con el importe estimado de venta.
Por tanto, la normativa que impulsa el Ejecutivo obligaría a las entidades a cancelar el total de la deuda a los clientes morosos tras la entrega del importe al que tienen previsto vender el activo. Con ello, el Gobierno busca favorecer a los hogares vulnerables. La banca ve con buenos ojos el objetivo, pero teme que la medida obstaculice la ventas de carteras tal y como está redactada la ley. Las entidades no disponen de información suficiente y fehaciente para identificar a esos clientes vulnerables y el Anteproyecto les obliga a dar solución a sus clientes antes de empaquetar la deuda y sacarla al mercado.
Si no se resuelve este hándicap -la banca pide que sea la Administración la que certifique la fragilidad socioeconómica-, se obturará el desagüe de activos dañados. Tras ingresar el pasado año más de 17.000 millones al desprenderse de activos tóxicos, las entidades pretendían colocar en el mercado otros 15.000 millones en este 2024. Frenar este tipo de operaciones, dejaría al sector en una posición más delicada en caso de que vuelva a producirse una crisis financiera, ya que mantendrá un mayor volumen de activos tóxicos.