El exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, impulsó los planes de pensiones colectivos como vehículo de ahorro a largo plazo de cara a complementar la jubilación en su reforma de 2022.
Y tras un arranque más que decepcionante, este producto experimenta un notable impulso en la actualidad. Así, el número de partícipes aumenta en 337.000 en el primer trimestre del ejercicio, gracias al tirón del sector de la construcción y a los autónomos.
Este subidón prepara el camino para un año récord, que podría superar las cotas de 2004, cuando la creación del plan de empleo en el sector público promovió un alza de 585.000 trabajadores. A ello podría contribuir el interés de otros sectores, como el metal y la hostelería por integrarse en estos vehículos, lo que, en caso de concretarse, podría elevar la cifra en más de tres millones de trabajadores. Pese a ello, aún queda un largo trecho hasta multiplicar por cuatro los casi 2,5 millones de personas cubiertas por planes de empleo y alcanzar así el objetivo del Gobierno de 10 millones en 2030.
La meta se antoja así aún lejana. Más aún si Hacienda sigue paralizando el mayor plan previsto en la actualidad, el de los funcionarios, que sumaría 1,5 millones de empleados más. Pero más importante aún que el hecho de cumplir o no el ambicioso objetivo, lo más criticable es que el impulso que el ministro Escrivá dio a los planes colectivos de empleo, que no gozan aún de suficiente popularidad, se hizo en detrimento de los individuales, a los que se les restó atractivo fiscal. Debido a ello, estos productos sufren salidas de dinero de 1.600 millones desde 2021, lo que convierte en una utopía el objetivo del Gobierno de de quintuplicar el ahorro a largo plazo hasta los 500.000 millones.
