La falta de medidas legislativas ha sido la tónica habitual de la legislatura hasta ahora. De hecho, el Gobierno se vio obligado a prorrogar los Presupuestos ante la imposibilidad de lograr los apoyos suficientes por parte del resto de grupos políticos.
Esta deteriorada debilidad parlamentaria sobre la que se sostiene el Ejecutivo se pondrá a prueba tras el verano, que es cuando está previsto que lleguen al pleno del Congreso el Plan de Regeneración Democrática y seis grandes leyes económicas. Se trata en concreto de la reducción de la jornada laboral, la ley del Suelo, la financiación autonómica, la reforma fiscal, la de la indemnización por despido y los Presupuestos de 2025.
Vaya por delante que sería positivo que algunas de estas medidas no salieran adelante tal y como están planteadas en la actualidad, ya que serían dañinas para la economía. Es el caso del recorte de la jornada laboral o de la reforma fiscal, siempre y cuando se limite a subir aún más los impuestos. Pero el riesgo de bloqueo parlamentario también tiene su lado negativo, especialmente en el caso de que, de nuevo, el Ejecutivo no logre sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.
Por si fuera poco, fracasar en la reforma fiscal pone en riesgo el quinto pago de los Next Generation EU. Es cierto que el presidente Sánchez ha mostrado una inusitada pericia para sostener la madeja de endebles pactos cosidos en su investidura. Pero también es verdad que cada vez quedan menos cesiones que ofrecer y que formaciones que sostienen al Gobierno, como ERC, Junts, Podemos o Sumar, ya amagan con retirarle su apoyo. El riesgo, por ello, de una mayor parálisis legislativa es real, lo que podría dar lugar a un final abrupto a la actual legislatura con un adelanto electoral.