Los trabajadores españoles pagaron en IRPF y en cotizaciones el 40,23% del salario bruto en 2023, casi un punto más que el año previo. Se trata del mayor alza entre los países europeos, lo que eleva la cuña fiscal (el porcentaje del sueldo que se va en impuestos y cotizaciones) de España hasta superar en 5 puntos la media de los países de la OCDE, que se sitúa en el 34,8%.
Estos datos dejan patente la elevada carga impositiva sobre el empleo, pese a que el Gobierno siempre dice lo contrario. De hecho, los impuestos al trabajo en España son más altos que en países como Dinamarca o Noruega, que presentan una presión fiscal general de las más altas del mundo.
No obstante, esta desmedida carga impositiva la sufren especialmente las empresas. Así, los empleados españoles pagan un 1,3% menos que sus vecinos de los países desarrollados en IRPF. En cambio, en el caso de las cotizaciones sociales a cargo de las sociedades la brecha negativa para nuestros negocios es de casi diez puntos (23,3% frente a la media de la OCDE del 13,4%). Es decir, las empresas son las que más sufren la cuña fiscal, lo que tiene consecuencias nefastas para su competitividad, sus inversiones y su capacidad de contratar. No en vano se estima que un aumento del 1% de los costes laborales se traduce en una reducción del 0,37% en el empleo.
Pese a ello, el Gobierno sigue incrementado este desmedido castigo al trabajo, con una reforma de pensiones que ha elevado aún más las cotizaciones sociales. Un mayor esfuerzo que ahondará en la pérdida de productividad que las compañías vienen sufriendo desde la crisis financiera de 2007-2013. Pero que, además, será nefasto para el consumo, la creación de empleo y, por extensión, para la economía nacional en su conjunto.