El debate sobre la financiación autonómica resurge tras la propuesta del Gobierno a ERC de dotar a Cataluña de una "financiación singular". En este contexto, disponer de unas balanzas fiscales actualizadas, que expliquen la diferencia entre los ingresos y gastos públicos de un determinado territorio, sería necesario.
Pero, por desgracia, Hacienda sólo ha publicado hasta ahora la liquidación de los presupuestos autonómicos hasta 2021. Pese a este inaceptable retraso, el análisis del peso del gasto público en cada CCAA resulta esclarecedor. Así, Cataluña tuvo en ese año un desembolso público per cápita un 27% superior al de Madrid, que es la región más homologable en términos económicos y poblacionales.
Este cálculo excluye los intereses de la deuda y partidas de promoción económica para centrarse en el llamado gasto social, es decir, en capítulos como sanidad, educación y seguridad. Al focalizarse en los servicios públicos, que son el grueso de todo presupuesto autonómico, se constata que Cataluña destinó mucho más dinero a cobertura social que otras regiones prósperas. En concreto, el Govern invirtió 3.730 euros por persona mientras que la Comunidad de Madrid situó la cifra en 3.332. Pese a esta diferencia son bien conocidos los problemas que atraviesa la sanidad catalana.
Nadie duda de que todas las regiones del Arco Mediterráneo están infra financiadas, pero también es es verdad que Cataluña tiene un grave problema de eficiencia y de gasto desmedido. Por tanto, y antes de pedir mecanismos maximalistas, como un cupo vasco que generaría un grave perjuicio a las autonomías más pobres, la Generalitat debería mejorar la gestión de los recursos económicos de los que dispone en la actualidad.