
Recientemente, el Ministro de Transportes ha reabierto el debate que debería darse en España sobre la cuestión del pago por uso de infraestructuras. El impulso de la citada medida tuvo que ser retirado del plan español de recuperación, sustituido por el compromiso de impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril.
Creemos que lejos de rehuirlo, es importante arrostrar este debate y promover una reflexión rigurosa, buscando el máximo pragmatismo y racionalidad. El Think Tank Movilidad de la Fundación Corell (TTM) ha colaborado en los últimos tiempos con el Ministerio responsable del Transporte en esa reflexión. Resulta conveniente prever y anticiparse: cuando llegue una propuesta de la UE o del Estado, o de una CA, diputación, cabildo, consell o cualquier ente local, no cabe la improvisación.
En España no ha sido ni es un asunto pacífico, ni entre los empresarios, ni entre la población en general, usuarios o no de las vías, ni siquiera entre los miembros del Gobierno. Para los más críticos con el actual uso gratuito de la carretera, no está muy clara la razón por la que en España no se da el paso de tarificar su uso, y por el contrario está optando por "subvencionar" a vehículos de diferentes países que no contribuyen al mantenimiento de las infraestructuras (como ocurre con los otros modos de transporte), ya que disfrutan del uso gratuito de la vía (que mayoritariamente sí pagan en su país de origen.
La medida del uso por pago de las infraestructuras viales se enfrenta a varios retos que formarán parte del debate:
- La metodología de cálculo de los precios a cobrar por el uso de las infraestructuras.
- La naturaleza jurídica de la figura que se va a crear, necesariamente por ley, para su establecimiento, así como todos los demás aspectos jurídicos, como el sujeto pasivo, posibilidad de repercutir, etc.
- Las negociaciones con los sectores del transporte, y demás usuarios de la vía.
- Por último, aunque no menos importante, las soluciones de carácter administrativo, de gestión el cobro, tecnológicas, etc.
El debate está servido, y no es descartable que tanto en las infraestructuras interurbanas, como en las urbanas, se vaya abordando la obligación de pago dirigida a la totalidad de los usuarios y teniendo en cuenta las características de los vehículos.
Por todo ello, y de cara a una aportación constructiva en el debate:
1. Proponemos que todas las aproximaciones al pago por uso de infraestructuras de transporte sean realistas y alejadas de propuestas de laboratorio; asimismo que tengan en cuenta la tipología de infraestructuras, vehículos, tecnologías y diferentes regulaciones teniendo en cuenta la realidad de los servicios y mercados del transporte.
2. Sugerimos, en su caso, abordar estas medidas tras un análisis desde el rigor científico y desde un trabajo dialogado con todos los sectores incumbidos e interesados. Cualquier decisión en el futuro deberá ser consensuada.
3. En caso de avanzar por la vía del pago por uso de infraestructuras interurbanas, éste debería formar parte de un paquete de actuaciones, reformas y ayudas que favorezcan la transición de los sectores del transporte por carretera a un nuevo modelo de fiscalidad y tarificación del uso de infraestructuras en España.
4. Se considera imprescindible abordar un análisis jurídico de las posibles soluciones y la naturaleza jurídica del derecho de cobro, principalmente optando entre la tasa, o bien, por otro lado, la prestación pública patrimonial de carácter no tributario.
5. Conviene aclarar en la futura ley de Movilidad Sostenible, y pensando en el ámbito urbano, si la actuación interventora de las administraciones locales en materia tributaria podría limitarse a motivos de calidad de aire o se deberían añadir los motivos de congestión.
6. De acuerdo con lo expresado por el International Transport Forum (OCDE), se recomienda reformar la fiscalidad de los vehículos para reflejar las externalidades de las nuevas flotas, por cuanto la progresiva disminución del uso de combustibles fósiles comportara un significativo descenso en la recaudación de la tributación sobre los carburantes.