Más de un tercio de las vacantes de empleo en España corresponden al sector público, una tasa que cerró 2023 en el primer lugar de la Unión Europea.
Un puesto por el que compite con países como Eslovaquia mientras se aleja de los verdaderos motores económicos del euro, empezando por Alemania. Pero el verdadero problema es que esta demanda inflada de trabajadores públicos resta capacidad a la economía productiva para atraer trabajadores. Lo hace, además, cebando las duplicidades de unos servicios públicos ineficientes, en perjuicio de sectores que van desde la industria, la construcción al tecnológico, que llevan mucho avisando de los riesgos de no encontrar trabajadores. Una elevada factura que el mercado laboral no puede permitirse.
