El número medio de fijos discontinuos inactivos que cada mes cobra una prestación por desempleo pese a no contabilizarse dentro del paro registrado, han aumentado un 160% respecto a los registrados en 2019. Un aumento notable que, además, está recogido en las estadísticas del SEPE, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo.
Aun así, la titular de su cartera y también de la vicepresidencia segunda, Yolanda Díaz, insiste en sepultarlos y se encomienda a los datos de otros organismos, como el INE, que presenta como más fiables que los de sus propios funcionarios. Esta decisión sorprende, además, porque el número de beneficiarios de prestaciones es bastante inferior a la estimación de fijos discontinuos inactivos elaborada por un organismo como Fedea, ya que no incluye a aquellos que no tienen derecho a cobrarla por no haber cotizado lo suficiente.
Y esta es la razón por la que la ministra reniega de los datos del SEPE que revelan que, a pesar del incremento de los beneficiarios de protección por desempleo, son muchos más los que quedan desprotegidos. Y es que en los periodos en los que tienen que esperar a volver a ser llamados por sus empresas, están sin salario, son dados de baja en la Seguridad Social y carecen de la indemnización que sí perciben los temporales cuyo contrato caduca.
En ese escenario, sorprende que sea la propia Fedea, a quienes la vicepresidenta descalifica como ariete neoliberal, los que pidan medidas para evitar que muchos empleadores abusen de una precariedad que Trabajo subvenciona con las prestaciones. Esta paradoja muestra hasta qué punto Díaz vive a espaldas a la realidad de muchos trabajadores cuyos problemas, sencillamente, ha elegido esconder bajo la alfombra.
