Conseguir una limpieza del viario público más cómoda, eficiente y eficaz, convertir el coste de recogida de residuos en un ingreso rentable o acceder a una vivienda social moderna y sostenible, todos ellos son objetivos muy deseables para la ciudadanía y las administraciones públicas y, sin embargo, no fáciles de conseguir con los medios actuales.
Hasta hace no mucho, las administraciones se encontraban atadas por la legislación de contratación pública. Esta, salvo en el ámbito de la Defensa, impedía que los contratos incluyeran el desarrollo y suministro de mejores soluciones, forzando a adquirir lo existente y más barato. Los pliegos se establecían en función de las características de los bienes a contratar, no de sus prestaciones, limitando innecesariamente las posibles alternativas a ofrecer. El precio y la oferta más baja mandaban y, con ello, se conseguía comprar lo más barato, no necesariamente lo mejor.
La actual Ley de Contratos introduce un concepto clave, no nuevo, pero si escasamente utilizado: la relación calidad-precio. En definitiva, retornar por cada euro gastado el mayor valor posible. No se trata de gastar poco sino de gastar bien porque, si no, caeremos en el manido tópico de que lo barato sale caro. Ejemplos de ello hay muchos: obras que tras poco tiempo requieren de costosas modificaciones o reparaciones, productos que dan muy corta respuesta al uso que se espera de ellos, o servicios que acaban en un sinfín de reclamaciones…lo barato sale caro.
En muchos casos, las soluciones existentes valdrán, pero en otros no, no le neguemos oportunidad a este instrumento tan poderoso.
Innovación
¿Qué significa contratar innovación? Dar al licitador la oportunidad de ofrecer lo mejor, no lo más barato y precario, y darse como comprador público la oportunidad de disfrutar de obras, suministros y servicios con apenas incidencias. Suena bien, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para que este tipo de contratación se extienda?
Lo primero, es conocer cómo gestionarla. En esto, se ha avanzado bastante. Lo segundo es disponer de recursos humanos cualificados al respecto. De todos es sabida la crónica escasez de personal con que cuentan los servicios de contratación, pero se puede resolver a corto plazo con una buena asistencia técnica. Y, finalmente, es necesaria voluntad política y dotación financiera. En esto, estamos viviendo un momento histórico, pero hace falta darle continuidad una vez agotados los fondos europeos y aprovechar de verdad los resultados.
A todo ello estamos intentando contribuir desde CTA a través varios proyectos, como el proyecto europeo P5 Innobroker (programa Cosme), y actuamos a todos los niveles (local, regional, estatal, internacional). La Compra Pública de Innovación (CPI) ayudará a las administraciones a ofrecer mejores servicios a los ciudadanos al mismo tiempo que estimulará la innovación empresarial. Es un caballo ganador por el que todos debemos apostar.
