Madrid
En la anterior legislatura se desarrolló una intensa agenda reformista en materia de previsión social. El Congreso de los Diputados aprobó por consenso, el 19 de noviembre de 2020, el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, recuperando el normal funcionamiento en la gestión de este importante Pacto de Estado y estableciendo las bases para la actuación del Gobierno, que podríamos resumir en tres acciones: la inclusión de la componente 30 en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado a Bruselas (2021), la reforma de la Seguridad Social, realizada en dos fases (2021 y 2023), y el impulso de la previsión social complementaria del sistema de empleo (2022).
De la reforma de la Seguridad Social, destacamos la mejora de los ingresos, superando etapas anteriores caracterizadas por los recortes, compromiso de aportación por el Estado para garantizar tanto la sostenibilidad del sistema como la financiación del Fondo de Reserva, la creación del MEI para financiar las pensiones de los boomers y la recuperación del mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones públicas.
En cuanto a la recomendación decimosexta del informe aprobado por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, profundiza en el diseño del modelo de previsión social de los tres pilares en España, vertebrado en torno al sistema público de pensiones, cuya sostenibilidad debe tener en cuenta el derecho constitucional de la suficiencia de sus prestaciones. Queda trecho por andar, pero el itinerario marcado por la citada recomendación decimosexta debería favorecer el desarrollo de la previsión social complementaria en nuestro país.
¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los retos más inmediatos para continuar avanzando?
La aprobación de la Ley 12/2022 supuso la creación de los planes de pensiones de empleo simplificados y los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Sin duda, uno de los efectos positivos de dicha ley ha sido situar la previsión social complementaria en el debate entre los agentes sociales. La formalización del plan de pensiones sectorial de la construcción indicó que se movían cosas importantes en la buena dirección. Pero el sector de la construcción tiene unas características singulares respecto a otros sectores que pueden tener más dificultad para seguir su camino. Una singularidad (no exclusiva) a resaltar, es la existencia de un convenio general de ámbito estatal, frente la atomización de la negociación colectiva en otros sectores. Recordemos que el acuerdo para la constitución de su plan de pensiones se alcanzó en el marco de la negociación de VII Convenio General de la Construcción. Por tanto, la atomización de la negociación colectiva en sectores tan importantes como el metal, sería un factor negativo a tener en cuenta.
La inclusión de un punto sobre previsión social complementaria en el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT en mayo de 2023, puede indicar que algo se mueve en la voluntad de los agentes sociales para desarrollar en España el segundo pilar de la previsión social, planteando "fomentar en los convenios colectivos los Planes de Pensiones de Empleo, en su caso, a través de Entidades de Previsión Social Empresarial (EPSE), como medida de ahorro a largo plazo de carácter finalista y de complemento de las pensiones públicas". Cabe señalar que se hacen referencia a unas Entidades de Previsión Social Empresarial (EPSE) que no existen, pero la voluntad de las partes se manifiesta.
Desde el mes de diciembre de 2023, los 15 fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos ya están inscritos en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y son operativos, pudiendo integrar a planes de pensiones de empleo, según lo dispuesto en el artículo 58.7 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Por otro lado, los 13 miembros de la Comisión Promotora y de Seguimiento, que supervisará estos fondos de pensiones de empleo de promoción pública, está nombrada desde noviembre de 2023, pero su funcionamiento no arranca. No es descartable que un exceso de intervencionismo gubernamental en su funcionamiento genere algún problema.
El Gobierno se fijó el objetivo de alcanzar en el año 2030 los 13 millones de personas trabajadoras como partícipes de los planes de pensiones de empleo. Es un reto ambicioso que requerirá algo más que el voluntarismo gubernamental o expresar buenos deseos. La clave está en el papel de los agentes sociales, en los resultados del diálogo social entre patronal y sindicatos, y la inclusión de la previsión social complementaria en los convenios colectivos, especialmente los de ámbito sectorial. La enmienda nonata para incluir la previsión social complementaria como materia que deberían ser negociadas en los convenios colectivos, regulado en el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores, es una vía a recuperar.
Dejaremos para otra ocasión otros temas de gran importancia para la evolución de la previsión social complementaria en España. Por un lado, la amenaza de dar liquidez, a partir del 1 de enero de 2025, a las?aportaciones?a planes de pensiones que cumplan 10 años de antigüedad. Una verdadera bomba de relojería que pone en riesgo la salida del sistema, sin ningún requisito, de casi 70.000 millones. Una situación que desnaturaliza un instrumento de previsión social y destroza el carácter finalista del ahorro.
Por otro lado, la necesidad de fomentar el ahorro individual, como elemento complementario al ahorro que pudiera materializarse a través de instrumentos del segundo pilar. Debemos plantearnos si es o no socialmente conveniente fomentar el ahorro a largo plazo en activos líquidos, frente a la cultura del ahorro en inmuebles, cuya licuación para atender a necesidades futuras supone un reto, cuando no una dificultad para generar ingresos complementarios a las prestaciones públicas.
Para acabarlo de arreglar, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado dificulta la recuperación definitiva de las aportaciones en los planes de pensiones de los empleados públicos, algo necesario para la credibilidad del Gobierno con relación al interés manifestado por el desarrollo de la previsión social complementaria del sistema de empleo.
