Las estafas telefónicas mediante la suplantación de personalidad realizadas por SMS o por llamadas están a la orden del día y el número de víctimas no deja de crecer. Una de las prácticas más habituales consiste en que los ciberdelincuentes se hagan pasar por bancos y engañen al cliente para conseguir sus contraseñas.
De momento, varios tribunales han eximido a los bancos de hacerse cargo de la pérdida de dinero que provoca el llamado phishing. Pero el Supremo aún no ha dictado jurisprudencia al respecto ya que las cuantías estafadas son menores a 3.000 euros, que es el mínimo para interponer un recurso ante el Alto Tribunal. Urge, por ello, una normativa que no deje a bancos y a usuarios a los pies de las distintas interpretaciones judiciales.
