*Por Miguel Ángel Menéndez, director del área de previsión social de Mercer
El VII Convenio General del Sector de la Construcción incluyó según lo dispuesto en el artículo 56 del Convenio, la incorporación como libro tercero del Reglamento de Especificaciones del Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del sector de la construcción bajo el que todas las empresas bajo su ámbito de aplicación deben adherirse como promotoras al Plan de Pensiones, el Plan, aprobado por la Comisión promotora el 19 de junio de 2023.
Meses antes, y en paralelo a la negociación de este plan entre empresas, asociaciones como SEOPAN y la parte social, la aprobación coincidió con la entrada en vigor por parte del Gobierno en junio del 2022 de la Ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones. Esta Ley incrementa los límites de aportación a planes de pensiones e introduce incentivos fiscales y reducciones en las bases de cotización a la seguridad social.
Estos incentivos tanto fiscales como de seguridad social, junto con la negociación dentro del convenio de la construcción de utilizar una parte del incremento salarial pactado como aportación obligatoria al plan de pensiones, sirvieron como premisas necesarias para la puesta en marcha del plan.
Un plan de pensiones que se convierte en el primer gran plan de pensiones simplificado al amparo de la nueva Ley, que abarca a cerca de 1,4 millones de trabajadores, entre cuenta ajena y autónomos y que recoge las últimas tendencias en el ámbito de las pensiones. Se trata de un plan con aportaciones obligatorias por parte de las empresas y con aportaciones voluntarias hasta los límites legales establecidos para los trabajadores. Estas aportaciones se financian en un fondo de pensiones único, con el objetivo de minimizar los gastos de gestión, administración y depósito además de pretender maximizar la rentabilidad de sus inversiones con una estrategia de inversión conservadora.
La creación de un plan de pensiones reduce el diferencial entre el salario y la pensión pública, complementando ésta última, mejora la protección social de los empleados cubriendo no solo la jubilación sino también el fallecimiento, la invalidez y la dependencia, otorga seguridad financiera, optimiza fiscalmente el paquete retributivo e incentiva el hábito de ahorro. Según el estudio de beneficios en España realizado por Mercer Consulting, un 70% de los empleados desearía ahorrar para su jubilación.
La Administración Pública, así como otras industrias como la del metal, los grandes almacenes y la hostelería están en la actualidad analizando la posible negociación y puesta en marcha de un plan de similares características, con el objetivo de atraer talento y seguir el modelo de la construcción.