Nueve meses después el Gobierno concreta una de las medidas más controvertidas de la ley de vivienda que permite limitar los precios del alquiler en las áreas tensionadas. Se trata en concreto del índice de referencia, que fija los precios que el Ejecutivo considera justos para las rentas que se piden a los inquilinos, basándose en datos de mercado y en la declaración de la renta de más de 2,5 millones de personas. Con esa base, el Gobierno asegura que los precios están inflados en hasta el 200%, lo que abre la puerta a que se exige a los propietarios que reduzcan los precios en cuantías tan elevadas. Este nuevo sistema de referencia diferencia entre grandes tenedores, que son aquellos que poseen 10 o más inmuebles o cinco en zonas tensionadas, del pequeño propietario. Respecto al primero, la medida si les obligará a recortar las rentas. Respecto a los segundos, deberán tomar como referencia la última renta del contrato de arrendamiento, pudiendo incrementarla si está por debajo del índice. En caso contrario, no tendrá que reducir el alquiler pero sí que permanecerá congelado. La medida, por tanto, supone añadir más intervencionismo al mercado del alquiler.
Ello pese a que este tipo de políticas ya han generado una importante caída de la oferta, que ha provocado que los precios de las rentas se disparen. En concreto, el pasado año el número de activos en el mercado cayó un 25% al tiempo que los precios se dispararon un 10%. Es más que evidente que este nuevo golpe a la libertad de mercado que propina el Gobierno con el nuevo índice de referencia reducirá la ya insuficiente oferta existente, lo que provocará un alza en el alquiler que dificultará aún más el acceso a este mercado para muchas personas.
