Aquellos que llevamos algunos años asesorando a compañías somos conscientes de que, no hace tantos años, las principales preocupaciones de una empresa en el ámbito fiscal residían en el Impuesto sobre Sociedades o las retenciones de IRPF de sus trabajadores y proveedores.
Hoy en día estos impuestos han sido relegados a un segundo plano en el día a día de las empresas, no por importancia, sino porque han surgido nuevos impuestos que requieren una gran involucración de las empresas, así como derivar el foco a la gestión de éstos, para poder cumplir con las obligaciones tributarias periódicas.
Y es que la proliferación de impuestos indirectos en España ha sido una característica destacada de la última década, habiéndose introducido diversos tributos que afectan al conjunto de la ciudadanía, pero sobre todo al día a día de las empresas.
A través del IVA, los Impuestos Especiales o los múltiples impuestos medioambientales, entre otros, se ha buscado diversificar las fuentes de ingresos del Estado, así como, en algunos casos, fomentar la transición de las empresas a operativas más sostenibles desde un ámbito medioambiental, pero las obligaciones de gestión asociadas a estos impuestos indirectos imponen a las empresas una gran carga administrativa que en muchas ocasiones implica, además de la presentación de declaraciones y su correcta liquidación, la llevanza de registros contables específicos, su suministro electrónico y la trazabilidad de las operaciones.
Las exigencias técnicas de los impuestos indirectos han requerido, no en pocas ocasiones, la adaptación de los sistemas informáticos y logísticos de las empresas, incluso la búsqueda de nuevas operativas o materiales con los que llevar a cabo la actividad.
Toda esta evolución, teniendo más novedades en el horizonte, como puedan ser la facturación electrónica o la facturación electrónica verificable, hace que uno reflexione sobre las consecuencias de esta "nueva fiscalidad".
La creciente complejidad de los impuestos indirectos en España ha abierto un nuevo escenario para las empresas donde la especialización se convierte en un activo invaluable para evitar sanciones y asegurar el correcto cumplimiento de sus obligaciones.
Actualmente se ha vuelto fundamental para muchas empresas incorporar a personal cualificado, con conocimientos de fiscalidad, que pueda anticipar cambios normativos que requieran la implementación de nuevas operativas, interpretar regulaciones cada vez más complejas, diseñar estrategias adaptadas a la situación de cada empresa y cumplir con las obligaciones fiscales derivadas de estos impuestos, así como contar con asesoramiento externo especializado, de cara a optimizar la carga fiscal, garantizar el correcto cumplimiento normativo, identificar oportunidades de ahorro, estructurar transacciones de manera eficiente y minimizar el riesgo de sanciones por incumplimiento.
Y todo esto en un contexto económico complicado donde los márgenes cada día son más estrechos por la situación macroeconómica, el incremento de la competencia, del coste de la mano de obra, de las materias primas y del transporte, lo que imposibilita, en muchas ocasiones, poder repercutir el coste de esta "nueva fiscalidad" a los consumidores.
A medida que evoluciona el marco fiscal, es esencial que las autoridades y los contribuyentes tomemos consciencia de la importancia de reducir al mínimo las cargas administrativas y promover la simplicidad de la operativa tributaria, en pro de la competitividad de nuestro tejido empresarial.
La proliferación de los impuestos indirectos en España eleva, para los empresarios, la importancia de una gestión fiscal eficiente y la necesidad de entender su impacto en la rentabilidad y sostenibilidad de los negocios y, para la Administración, la necesidad de hacer una reflexión profunda para mantener un sistema tributario equitativo y efectivo.