Mónica García ha propuesto varias medidas a las CCAA en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial para paliar el colapso que vive la Sanidad por el auge de los virus respiratorios. Entre ellas está la vuelta del uso obligatorio de las mascarillas y la llamada "autobaja" de tres días, sin necesidad de justificante médico, que serviría para que los trabajadores que tengan síntomas no requieran atención médica inmediata. Una medida esta última que algunas comunidades autónomas han calificado de "ocurrencia" y que Foment rechaza. La patronal catalana asegura que resta garantías para los trabajadoras que no reciben la atención médica necesaria, y para las empresas, que deberían asumir determinados supuestos fraudulentos.
No cabe otra posición ante una propuesta que tendría un notable impacto económico en las empresas. De hecho, las "autobajas" supondrían para los negocios una factura de 2.274 euros por empleado. Un desembolso inasumible y que supondría hacer cargar al tejido productivo con la factura que supone el error de Sanidad y las CCAA de no haber valorado las consecuencias que para el sistema de salud tendría el episodio actual de alza de virus respiratorios. Un golpe que debería haberse previsto hace meses y para el que se podría haber contratado a más sanitarios, recurriendo a personas en paro o en formación, que es lo que se hizo con el Covid. Hacer pagar ahora a las empresas esta falta de previsión es injusto y daría alas al absentismo laboral, un problema que ya genera elevados costes y pérdida de productividad y competitividad a las empresas.
