Opinión

Quién pagará los 40.000 millones para cumplir con Europa

¿La economía va tan bien? No brindemos aún, queda la deuda. PV

España se pasó más de una década bajo la vigilancia especial de la UE porque tanto la deuda como el déficit superaban los estándares requeridos. En 2019 el procedimiento quedó en suspenso, no porque hubiéramos hecho los deberes, sino por culpa de la pandemia. La Unión Europea adoptó un cláusula de escape para los objetivos presupuestarios, que debería restaurarse a partir del próximo ejercicio.

Los países europeos han pasado cuatro años viviendo por encima de sus posibilidades, acumulando déficit para sufragar los gastos excesivos ocasionados por el coronavirus y por la guerra con Ucrania. La pandemia se acabó y los efectos de la guerra, la subida de la energía y la carencia de materias primas, están en extinción. La inflación retornara el próximo año a tasas del 3% en las grandes economías mundiales, como recoge elEconomista.es. Es hora de volver a las reglas de gasto.

El camino que queda por delante de aquí a 2028 va a ser muy duro y difícil de transitar. Si hacemos los deberes evitaremos un default de las cuentas públicas hacia finales de esta década. No queda mucho tiempo, deberíamos a empezar a tomar medidas ya.

El déficit público cerró en el 3,9% el año pasado, nueve décimas por encima del límite, mientras que la deuda ronda el 110% del PIB. Para cumplir con los requisitos de la UE, nos separan más de 10.000 millones en el déficit y cincuenta puntos (más de medio billón) del PIB en la deuda. Una meta imposible de alcanzar. Un objetivo más realista sería rebajar el endeudamiento a menos del cien por cien del PIB. Para conseguirlo, la UE debate aplicar un ajuste anual del 1% del PIB.

Con estas cuentas encima de la mesa, María Jesús Montero, la futura vicepresidente económica en sustitución de Nadia Calviño, deberá acometer el año que viene un ajuste superior próximo a los 20.000 millones. Dependerá del crecimiento de la economía, ya que la ratio de deuda pública es el cociente entre esta y el PIB. Echemos un vistazo para ver si es posible.

Montero tiene la intención de presentar la semana que viene un techo de gasto público ligeramente superior al actual, que está en récord absoluto de casi 200.000 millones. Ello demuestra que no tiene intención alguna de recortarlo. La otra vía es elevar los ingresos. La recaudación tributaria creció a tasas de casi dos dígitos en 2021 y 2022. Pero este año muestra síntomas de agotamiento y el que viene, esta tendencia se acentuará.

El ejercicio terminará con un incremento prácticamente plano del IVA y un alza vegetativa en Sociedades, con lo que el único motor recaudatorio es el IRPF gracias a que Hacienda no deflacta su tarifa. El aumento de los ingresos tributarios descansa así en las familias, aunque se irá desinflando en los próximos años a medida que la inflación se modere y el crecimiento del PIB languidezca.

Montero desaprovechó los 30.000 millones extra recaudados el año pasado para dar un tajo al déficit y la deuda públicas y ahora se encontrará con muchas dificultades. El problema es que los gastos crecerán de manea desmesurada en los próximos años.

Los analistas estiman en cien mil millones los compromisos adquiridos por Sánchez con Carlos Puigdemont y con Yolanda Díaz para lograr que firmaran la declaración matrimonial de apoyo a su investidura. Una cifra que por sí sola añadirá varios puntos anuales al déficit y la deuda en lugar de recortarlas.

Pero vamos a pensar que estas promesas no se llegan a ejecutar jamás, como suele hacer Pedro Sánchez. Ese sería el escenario económico más benigno. Aún así, el déficit estructural ocasionado por el gasto público comprometido rondaría el 4% del PIB, un punto por encima de lo estipulado.

Las cuentas públicas corren riesgo de colapsar en 2028. Nadie contó con los intereses de la deuda

En este cálculo se ha dejado fuera el incremento del coste de la deuda. El gobernador del Banco de España, Pablo Martínez de Cos, lo situó en medio punto adicional en 2025, es decir unos 6.000 millones, en la reciente jornada de banca celebrada por elEconomista.es. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es mucho más pesimista. Estima que los intereses de la deuda pasarán de 30.175 millones (el 2,24% del PIB) en 2022 a 57.800 millones (3,3% del PIB) en 2028. Aumentarán la friolera de 27.600 millones en los próximos cinco años. "La desaceleración económica y la rápida subida de los tipos de interés "sitúan la sostenibilidad de las finanzas públicas en un punto de partida de gran vulnerabilidad", advierte la institución presidida por Cristina Herrero.

Con estos pronósticos, no es de extrañar que la AIReF estime que la deuda y el déficit se mantendrán como están hasta 2028 y a partir de esa fecha las cosas se complicarán porque emprenderán una senda alcista. En conclusión, en un cálculo somero nos faltarían 40.000 millones como mínimo en los próximos años, que nadie sabe de dónde saldrán, y casi prefiero no imaginarlo, porque los pecadores que carguen con la penitencia van a ser los contribuyentes de a pie, como usted y yo.

Si yo fuera presidente, estaría preocupado por cómo llegará España a finales de 2024. Sobre el papel, nuestro país registra una de las mayores tasas de crecimiento de Europa, pero la renta per cápita está muy por debajo de la media. Más de dos décadas de pertenencia a la UE no han servido para acercar la renta media española a la europea, mientras que en desempleo seguimos a la cola. El crecimiento se está traduciendo en un reparto del empleo en vez de en la creación de puestos de trabajo. El número de ocupados crece, pero las horas trabajadas disminuyen.

La figura estadística para maquillar el desempleo es la de los fijos discontinuos, los desocupados con contrato fijo, que alcanzan casi uno de cada seis trabajadores en activo. El número de cotizantes a la Seguridad Social sobrepasó los 20 millones por primera vez en la historia, gracias a que nos hacemos trampas en el solitario porque miles de parados figuran como empleados fijos.

El nuevo subsidio de paro aumenta la rigidez laboral y nos impedirá crear empleo de calidad

La autora de este milagro económico tiene nombre y apellidos, se llama Yolanda Díaz, y es la vicepresidenta segunda por la gracia de Sánchez. Díaz quiere dar otra vuelta de tuerca con su propuesta sobre los subsidios de empleo. Antes de seguir es necesario aclarar que hay que distinguir entre las prestaciones contributivas a la que tenemos derecho todos los españoles con un puesto de trabajo cuando lo perdemos, a la prestación asistencial, que es para aquellas sin empleo o que han agotado la prestación contributiva. Este colectivo es el de los parados de larga duración, en su mayoría con más de 50 años.

Si lográramos que volvieran a trabajar, el problema del paro se acabaría en España. Pero no se hagan ilusiones, porque Díaz presentó un borrador para reformar el subsidio, que incrementará la cuantía de 480 a 660 euros mensuales, sin ofrecer incentivo alguno para encontrar un empleo, porque cuando terminen de cobrarlo, recibirán el Ingreso Mínimo Vital (IMV), encadenando así una subvención oficial tras otra.

A buena parte de estos parados de larga duración no les interesa trabajar porque ya lo hacen en negro, en la economía sumergida. La ley no les permite compatibilizar ambas, por lo que eligen quedarse como están. Díaz ofrece ahora la posibilidad de compatibilizar la prestación con otro trabajo durante mes y medio, un período insuficiente, para sacarlos de las listas del paro. Además, la amplía a menores de 45 años sin cargas familiares y a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a seis meses. En definitiva, la líder de Sumar quiere subvencionar a cuantos más mejor como en la Venezuela de Maduro o en la Argentina del peronismo, que ahora intenta derribar Millei.

El plan de Calviño amplía el periodo de compatibilidad para tener otro empleo un par de años, a la par que incrementa los requisitos para el cobro de la prestación, de manera que el parado tenga que formarse y no pueda rechazar ofertas de empleo, que se ajusten a su perfil laboral.

Su receta, probablemente, sea papel mojado después de su designación para el BEI. La rigidez del mercado laboral y su encarecimiento tras varias subidas del SMI son dos de las grandes trabas para crear empleo de calidad, que nos alejan de la media europea en renta per cápita. La vicepresidenta se va en el momento justo, cuando el barco de las cuentas públicas ofrece las primeras señales de naufragio y la respuesta es similar a la de Titánic: brindar con champán.

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