Las bases máximas de cotización se han incrementado casi un 20% desde 2010, sin que ello haya repercutido en una compensación equiparable en las futuras pensiones de los que perciben salarios más elevados.
Esta falta de equidad en el sistema ya amplió del 23% al 32% el diferencial entre la aportación de los sueldos más altos y la prestación que recibirán cuando se jubilen. Pese a ello la reforma del exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, incorporó un incremento de las bases máximas de cotización que se realizará a partir de la variación media de la inflación más 1,2 puntos adicionales. Este cálculo destopará dicha base en el entorno del 5%, alcanzando a los salarios de 56.600 euros anuales. Esto ampliará la brecha entre la aportación que realizan los que más cobran a la Seguridad Social y lo que recibirán cuando se jubilen. Además, la reforma incluye también una cuota de solidaridad para la parte del salario que no cotiza por superar el ya citado tope máximo. A la vista está que todo ello implica un mayor castigo para los sueldos altos, que además será inútil en una reforma condenada al fracaso, al ser insuficiente para revertir el desequilibrio de un sistema que tras la jubilación de la generación del baby boom y la decisión de indexar las pensiones al IPC se enfrenta a un agujero de 54.000 millones en 2050. Queda así patente que el golpe a las rentas altas no resuelve el problema de las pensiones. Pero además de inútil, este destope daña la atracción de talento, ya que desincentiva la permanencia de los trabajadores más cualificados, los que más cobran. Además, la subida de las bases máximas golpea a las personas que cuentan con más recursos para invertir, lo que frena la actividad económica.
