El Gobierno Frankenstein echó a andar esta semana, con pocas sorpresas sobre lo anticipado. El propio presidente reconoció que se trata de un ejecutivo de "alto perfil político" para lidiar una legislatura que calificó de "difícil". En los Ministerios clave para cumplir las promesas hechas a los independentistas, ha colocado a personas de confianza con perfil político. Félix Bolaños, uno de los negociadores de la amnistía, desafía la separación de poderes con las carteras de Presidencia y Justicia a la vez; La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tiene el reto de transferir hasta el cien por cien de los impuestos a Cataluña sin quebrar el Estado, asciende a vicepresidenta; mientras que el nuevo titular de Transportes, encargado de explicar a los empleados de Renfe y Adif la cesión de Rodalíes a Cataluña, es Óscar Puente, el elegido por Sánchez para defenderlo en la moción de censura.
Para más inri, la ministra de Educación y portavoz de los socialistas, Pilar Alegría, compatibilizará su cargo con la portavocía del Gobierno, con lo que resultará difícil distinguir la opinión de uno y otro. La política no debería mezclarse con la economía. ¿Cómo tendrá una empresa ó una persona física, a la que abre un expediente Hacienda por un presunto fraude, la seguridad de que no se trata de una persecución política? Con las cosas de comer no se juega.
Pero aún hay más. en medios socialistas corre el rumor de que cuando Calviño se marcha al Banco Europeo de Inversiones (BEI), todo el poder económico se concentrará en Montero. Eso explicaría su nombramiento como vicepresidenta cuarta. Luego sólo tendría que cambiar de posición. Montero se convertiría así en la todopoderosa número dos en el Gobierno y el partido.
El plan de Sánchez se tropieza, sin embargo con una pega: Montero no habla ni una palabra de inglés ni tiene experiencia internacional alguna, más allá de sus viajes personales al extranjero, lo que la imposibilitaría para ser la representante en los frecuentes Consejos de Economía y Finanzas celebrados Bruselas, donde se juega el futuro de la economía española.
Montero aspira a convertirse tras la marcha del Calviño en la número dos del Ejecutivo y del partido
Pero eso se solventa con un parche. Sería Escrivá quien asuma la cartera de Economía junto a la de digitalización, pero subordinado a Montero. El esquema lo ensayó Mariano Rajoy con su ministro de Economía, Luis de Guindos, quien fue el encargado de representarnos ante la Unión Europea sin llevar los galones de vicepresidente.
Escrivá es apreciado por el presidente, por lo que tampoco se descarta su salto directo a la vicepresidencia primera una vez que Calviño deje libre su silla. Nadie entiende muy bien cómo el hombre al que se confió la remodelación del sistema de pensiones y que, en opinión de los socialistas, ha dado con la fórmula mágica para seguir pagándolas in hilo témpore sin perder poder adquisitivo, sea destinado a Transformación Digital. Una materia en la que no es especialista, pese a su obsesión por tirar de datos constantemente para explicar sus decisiones. ¿Acaso no cree Sánchez en su propia reforma de pensiones?
Tampoco que en la elección de su sustituta, Elma Sáiz, al frente de la Seguridad Social haya pesado tanto el currículo político para resolver asuntos tan complejos. Sáiz es persona de confianza de Santos Cerdán, el negociador de la amnistía junto a Bolaños. Entre sus tareas está la de traspasar al PNV la gestión de la Seguridad Social.
Junto a Montero ó Escrivá figura una tercera opción, fruto de los compromisos personales de Sánchez con el Partido Socialista de Cataluña (PSC) de Salvador Illa. El número de ministros puestos por Illa ha pasado de dos (Raquel Sánchez en Transportes y Miquel Iceta en Cultura) a sólo uno, Jordi Hereu, titular de Industria, quien además cede sus competencias sobre Comercio a Calviño.
El recorte no está en consonancia con el respaldo de Illa, que reabrió las puertas de Moncloa para Sánchez gracias al voto útil y luego colaboró en los pactos con los independentistas a cambio de la investidura.
Lucena y Vegara, los dos candidatos de Illa a vicepresidente no están apenas interesados en ello
El presidente, como los buenos tahúres, se guarda un as en la manga. Sería la designación de un vicepresidente catalán. Los dos nombres que suenan con fuerza tanto en Madrid como en Barcelona son David Vegara, ex secretario de Estado de Economía y consejero ejecutivo del Banco Sabadell, y Maurici Lucena, presidente de Aeropuertos Españoles (Aena). Es dudoso que Vegara abandone un puesto tan jugoso para cobrar la décima parte como miembro del Gobierno, por muy atractivo que resulte el cargo.
El problema de Lucena es similar, su sueldo en AENA (alrededor de 180.000 euros al año) es el doble que el de la vicepresidenta y, además, en numerosas ocasiones ha señalado que no está interesado en volver a la política.
Montero, Escrivá ó Lucena es la terna llamada a dirigir los destinos de la economía en la próxima legislatura. Hagan sus apuestas. De todas maneras, el hueco que deje Calviño será difícil de cubrir. La vicepresidenta cuenta con más de una década de experiencia como alto cargo de Bruselas, el terreno donde se deciden los fondos destinados a nuestro país, junto a las sanciones por incumplir con los objetivos establecidos. "Es imposible encontrar ahora mismo un candidato con la misma experiencia de Calviño", señala un experto en estos asuntos. Recordemos que España fue el segundo país receptor de fondos Next Generation y la gran mayoría está por llegar y deberán ser justificado ante los funcionarios bruselenses.
Otro de los aspectos destacados de la vicepresidenta es su ortodoxia con las cuentas públicas. Aunque se le reprocha la falta de ajustes del gasto, que no ha hecho más que crecer en las últimas legislaturas, nunca ha perdido de vista el objetivo de alcanzar las metas de Bruselas. Gracias a ésto, los socialistas descartaron iniciativas manirrotas como la de Díaz de repartir 20.000 euros a cada joven cuando alcance la mayoría de edad.
No obstante, también hay quien asegura que Calviño se quita de en medio con esta maniobra, ya que los próximos años van a ser muy complicados para cuadrar las cuentas, después de prometer a los independentistas catalanes traspasar gran parte de los impuestos y condonar el 20% de su deuda, con un coste superior a los 40.000 millones. El riesgo de argentinización, como advierten Moodys y S&P, es muy elevado, por la concentración del poder en las mismas manos para supeditar la economía a los intereses políticos.
PD.-"Hemos tenido que elegir entre lo malo y lo peor", asegura un argentino residente en España. Y no le falta razón. El programa de liberalización con el que ganó Milei prevé reducir el peso del Estado y privatizar las empresas públicas, desde Aerolíneas hasta YPF. Un sueño liberal, pero imposible de cumplir.
Milei sacó once puntos a su rival, Sergio Massa, y derrotó al peronismo. Eso tiene mucho mérito. Pero ninguna de las 24 provincias de Argentina está gobernada por La Libertad Avanza (LLA), el partido fundado por él en 2021. En la Cámara de Diputados, tendrá solo 38 escaños de un total de 257 (el 15%) y en el Senado, ocho de 72. Cualquier reforma de calado como las que promete necesita la mitad más uno de los votos.
Por tanto, estará obligado a gobernar por real decreto, lo que limitará su actuación a quitar los topes de algunos precios ó a reducir algunas subvenciones, con el riesgo de disparar la inflación y agravar la pobreza, que aflige a uno de cada cuatro argentinos, como le ocurrió a Macri.
El Banco Central está en bancarrota. Las reservas se redujeron el 40% sólo en lo que va de año, con lo que se queda sin armas para actuar frente a la inflación, en el 115%. Ligar los precios al dólar es una actuación a la desesperada para rematar a un banco central, que ya no existe. El peronismo 'jodió' la Argentina, después de medio siglo de implantación, con sus paguitas y subvencionando casi todo, al igual que corremos el riesgo de que nos pase en España y en la Unión Europea.
