La previsible investidura de Pedro Sánchez la próxima semana tendrá, merced a sus acuerdos con el secesionismo catalán, un coste económico tan desproporcionado como el que exigirá en el terreno político. Las partes que firman el acuerdo se cuidan mucho de ponerle cifras, pero los expertos ya hablan de un peaje conjunto de más de 42.000 millones, derivado de la ruptura del régimen común de financiación autonómica, más la condonación de deuda contraída en el FLA. A todo ello deben sumarse otras cesiones no tan cuantiosas, pero también relevantes, como la transferencia completa del servicio ferroviario Rodalies.
La factura amenaza con llegar incluso más alto, al entorno de los 60.000 millones, si medidas como el perdón del pasivo contraído con el Estado se extiende a otras autonomías. Resulta cuanto menos temerario que el futuro Gobierno se comprometa con sumas como éstas, a las puertas de que la Comisión Europea vuelva a activar los mecanismos de disciplina fiscal. No en vano todos los expertos descuentan que tanto la deuda como el déficit públicos están condenados a incrementarse, como mínimo en tres puntos de PIB.
No obstante, el problema planteado a medio-largo plazo es mucho más grave, ya que está en jaque la capacidad misma de capitalizarse del Estado y del conjunto de las Administraciones públicas. Sólo en el caso de la financiación autonómica de régimen común, resulta por completo descabellado pensar que todo ese sistema resultará viable contando con el único apoyo efectivo de la recaudación y las aportaciones de Madrid. Sánchez pone así en el mayor riesgo de su historia el futuro de prestaciones tan fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
