He leído con estupor, rabia y un enorme rechazo el caso de los falsos desnudos generados por Inteligencia Artificial (IA) de las menores extremeñas. Imagino a esas niñas, a sus familias, y solo puedo desear que las Fuerzas de Seguridad del Estado puedan identificar rápidamente a los culpables y que éstos paguen, en los términos que la Justicia estime convenientes, el enorme daño que han causado.
Mi rabia también viene motivada por el daño que una minoría, la que utiliza la IA generativa para fines espurios y totalmente condenables, puede infringir al resto en términos de imagen. La mayor parte de proveedores de IA son personas honradas. Personas que además están convencidas de que las nuevas tecnologías, entre las que destacan los programas capaces de emular procesos propios de la inteligencia humana, van a contribuir a un desarrollo más justo, democrático y sostenible del mundo.
Desalmados como los que han "desnudado" a esas jóvenes cargan de razones a los negacionistas partidarios de poner puertas al campo, cargar de regulación el sector a nivel nacional e internacional y, con ello, impedir el avance imparable de la innovación. Una innovación, la de la IA, que ya se divisa como clave para detectar enfermedades en tiempo récord; personalizar la educación de los más jóvenes; generar un gran volumen de empleo; automatizar tediosos procesos en las empresas y administraciones; mejorar notablemente el customer experience; y ahorrar inmensos costes en cualquier ámbito que se precie.
Yo soy un férreo defensor de la autorregulación. Son precisamente los proveedores de IA generativa quienes deben poner coto a las malas prácticas, y lo pueden hacer ya que disponen de los medios y el dinero suficiente para hacerlo. Al mismo tiempo, los ciudadanos deben exigir que esa autorregulación, así como protocolos de calidad tanto en el código como en las funcionalidades, se desarrolle y ponga en práctica cuanto antes, y deben hacerlo a través de sus propios foros y con el arbitraje de organismos como la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados (CNMC). Sin lugar a dudas, la presión social va a ser clave a la hora de que se protejan especialmente los derechos de los menores.
Más allá de pedir al Estado que regule hasta el mínimo detalle, quien debe actuar contra los que utilizan de manera incorrecta o nociva la IA es la Justicia. El Código Penal brinda las herramientas suficientes y oportunas como para que ningún político más entre a legislar o, como señalé previamente, ponga puertas al campo a una herramienta que va a transformar nuestra vida para bien. Confío plenamente en nuestros tribunales, que igualmente deben actualizarse y transformarse digitalmente. No se necesitan más recursos para regular: se necesitan para formar a los jueces en el ámbito de las nuevas tecnologías, y eso hay que hacerlo cuanto antes. El avance es de tal calado que, ahí sí, corremos el riesgo de quedarnos desfasados.
E igual que es necesario un apoyo más decidido en el ámbito judicial, es necesaria la formación y la concienciación de la sociedad, especialmente de los más jóvenes. No cabe duda de que lo que ha sucedido con la manipulación de fotos de las menores extremeñas es un delito y hay que juzgarlo.
Por tanto, para abordar de manera eficaz la incursión de la IA en nuestras vidas es necesario un mayor gasto de tiempo, esfuerzo y fondos en dotar a la Justicia de más recursos y más modernizados para que los Tribunales puedan actuar antes y con más medios. Y, por supuesto, más inversión en educación y formación en la sociedad, en las empresas y en la Justicia para que estos presuntos delitos ni siquiera florezcan en las personas. Que el peso de la ley caiga con toda la fuerza sobre quienes han propiciado esa tropelía contra personas inocentes que, además, son menores.
