España es el país de la UE donde más se han incrementado las quiebras desde 2020. En concreto, crece un 163%, pasando de 3.658 a 9.606 al cierre de 2022. Por si fuera poco, el presente 2023 sigue por el mismo camino, situando a nuestro país como la gran economía del euro donde se da un mayor alza en bancarrotas. De hecho, crecieron un 19,9% en el segundo trimestre, un nivel solo superado en la Unión por Hungría, Letonia y Estonia.
Los datos muestran la escasa resistencia de las empresas nacionales a las crisis del Covid y la inflación. Ello a pesar de que el Gobierno determinó una moratoria concursal en la pandemia, que duró hasta el 30 junio de 2022, para reducir el número de cierres, que se han disparado tras su finalización.
La razón de ello está en la debilidad del tejido empresarial nacional, con muchas microempresas de tamaño inferior a las que hay en otros países de Europa, lo que las hace más vulnerables. Además, el gran peso que en la economía tienen sectores muy golpeados por la pandemia, como la hostelería o el turismo, también ahonda en la alta mortalidad.
Con el objetivo de evitar una mayor oleada de cierres en pleno año electoral, el Gobierno aprobó en diciembre que las pérdidas que una empresa sufrió en los años de Covid no se consideraran como causa de disolución hasta 2024. Esta medida supone un alivio solo aparente en el balance de las firmas, ya que aligerará en términos puramente contables su pasivo, pero está lejos de reforzar su viabilidad. Supone por ello un mecanismo que permite la supervivencia de empresas zombis, que ya eran insolventes antes del coronavirus, lo que es equivocado. Más acertado sería ayudar a las compañías que son o que pueden ser viables y fortalecer así el tejido empresarial español.
