
La demografía es una ciencia social y sus estudios versan sobre la estructura, la evolución, las características y el tamaño de la población humana. Los estudios demográficos son muy importantes para cualquier sociedad porque permiten conocer los cambios y la evolución que se producen en una población determinada, que permiten a los gobiernos planificar e implementar políticas que se adapten a las necesidades particulares de una determinada población. Dos de los aspectos más importantes que estudia la demografía son la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad.
En cuanto a la demografía empresarial existe un claro paralelismo en relación con los dos puntos que se investigan en la demografía social; es decir, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Por añadidura, se estudian las solvencias empresariales y para ello se emplea la información sobre los concursos de acreedores, ya que a estos procedimientos acuden aquellas empresas con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas.
La crisis de la COVID-19 tuvo un impacto considerable en la evolución de la economía, afectó a la situación económica y financiera de las empresas españolas y tuvo repercusiones negativas en el tejido empresarial. El análisis del impacto en la demografía y la solvencia de las empresas es relevante, ya que una destrucción significativa del tejido productivo constituye un obstáculo para la recuperación económica a través de distintos canales. Así pues, unas tasas de disolución de empresas y de concursabilidad elevadas suponen un aumento del desempleo, lo que implica un menor dinamismo del consumo. En 2022 se disolvieron 30.507 sociedades – un 9,90 % más que en 2021– la segunda cifra más alta desde 2012 y solo superada por el ejercicio económico de 2013, en el que se produjeron 31.225 disoluciones. Se trata de un dato preocupante ya que puede marcar una tendencia para los próximos años. Estas empresas disueltas en 2022 tenían una plantilla agregada de más de 81.000 empleados y una facturación superior a los 17 billones de euros. Los sectores que acumularon más disoluciones fueron el de la construcción y actividades inmobiliarias, que concentraron el 24%, el comercio (19%) y los servicios empresariales (14%).
La renovación del tejido empresarial de un país es un buen indicador del dinamismo de una sociedad y de la evolución de su economía. Por tanto, es importante destacar que el año pasado en España se crearon 99.502 sociedades de capital, lo que supone la tercera cifra más alta de los últimos diez años (la mayor corresponde a 2016 con 102.302 nuevas sociedades). No obstante, la constitución de sociedades mercantiles en 2022 no alcanzó la cifra de 2021 (102.022) ya que se produjo una disminución cercana al 2,50%. El capital invertido en las constituciones aumentó ligeramente en 2022 alcanzando el capital suscrito los 5.188.072 millones de euros; ahora bien, se trata de la tercera cifra más baja de los últimos diez años (2015 batió todos los récords con 8.144 millones de euros invertidos).
En cuanto a los procedimientos concursales, los datos de 2022 muestran un intenso repunte hasta las 7.272 empresas en concurso, la tercera cifra más alta de los últimos diez años, debido al fin de la moratoria a partir de junio. A pesar de ello, el número de concursos en España es muy inferior al de otros estados de la UE. Ahora bien, no hay que olvidar que en septiembre de 2022 entró en vigor la reforma de la Ley Concursal y esta circunstancia puede provocar un considerable aumento de los procedimientos concursales en 2023.
En definitiva, el saldo final en 2022 fue de 219.186 sociedades comerciales activas; 1.804.569 empresarios individuales activos, es decir, autónomos que ejercen una actividad empresarial por cuenta propia; 206.255 sociedades civiles y 27.066 sociedades cooperativas. Ahora bien, el problema endémico que sufre el tejido empresarial español es que, proporcionalmente al tamaño de su población, aún hay pocas empresas y su dimensión es una de las más pequeñas de Europa. Este gran número de microempresas genera una baja productividad y competitividad, lo que hace que la productividad media disminuya y genere resultados desfavorables en la economía y en el empleo.
Además, la estructura financiera de las empresas españolas es débil y su volumen de ventas bajo, concretamente un 32% menor que la media europea. Por consiguiente, las autoridades debería incentivar que haya más empresas, de mayor tamaño y más productivas y competitivas, lo que permitiría afrontar con más resiliencia vaivenes económicos como la crisis del coronavirus o la guerra de Ucrania.