En esta agitada campaña electoral que hemos vivido y en el que las elevadas temperaturas estivales también calientan el tono del debate político, queremos animar a todas las fuerzas políticas a incluir en sus programas una medida por el bien del país: la aprobación del reglamento para las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC). Seguramente, no se hablará mucho de esta medida porque, lejos de confrontar y polarizar, es una propuesta que beneficia al conjunto del país.
Aunque la política se haya alejado en estos últimos tiempos de los pactos de Estado capaces de dibujar un futuro prometedor para la ciudadanía, no podemos renunciar a recuperar la esencia de la política, este instrumento tan poderoso del que nos hemos dotado tras mucho esfuerzo para que, mediante la negociación y la búsqueda de acuerdos, busquemos mejorar la vida de las personas respetando los límites planetarios.
Por esta razón, solicitamos a todas las fuerzas políticas que, construyendo sobre el amplio consenso que supuso la aprobación de las SBIC en la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, aprueben sin más dilación el reglamento que permita su amplio desarrollo. Pocas veces tendremos la oportunidad de conseguir que un pequeño cambio legal logre un cambio sustancial en nuestra sociedad. Por ello, también muchas personas están sumando su apoyo a través de la petición que solicita dicha aprobación en los primeros 100 días de gobierno.
España necesita la mejor versión de sus empresas. Con el reglamento de las SBIC, podremos dotar a nuestro país de un instrumento clave que acelere la transformación del modelo empresarial, basado en criterios de sostenibilidad, transparencia y responsabilidad legal.
En este sentido, las SBIC son aquellas sociedades de capital que, en sus Estatutos, recogen dos aspectos: su compromiso con la creación explícita de valor social y ambiental a través de su actividad; y su sometimiento a mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas. Este modelo empresarial requiere tomar en consideración a sus partes interesadas (stakeholders). Sin embargo, hoy, sólo el 1% de los 30 millones de empresas europeas dispone de un esquema de gobernanza que tenga en cuenta esta interdependencia, asegurando así que los intereses de las personas y el planeta están alineados con la generación de beneficios económicos.
Una reciente consulta en Reino Unido señalaba que más del 75% de la población considera que las empresas deberían tener una responsabilidad legal sobre la protección del medio ambiente y la resolución de problemas sociales; y más del 70% considera que las empresas deberían jugar un papel más protagonista a la hora de aportar soluciones a los desafíos del presente.
Las SBIC permiten dar respuesta a esta demanda ciudadana. Su reconocimiento situó a España a la par de otros Estados de nuestro entorno, como Francia o Italia. En el caso francés, la figura de la enterprise à mission fue introducida en 2019 mediante la Loi PACTE, aprobada por toda la Asamblea Nacional francesa. Desde entonces, 1.172 nuevas empresas y el 75% de las cotizadas en bolsa (CAC40) han desarrollado su propósito. En Italia, actualmente ya superan las 3.000 empresas reconocidas como Società Benefit desde su aprobación en 2016.
España puede seguir esta misma senda y aprovechar el amplio respaldo que ha logrado esta iniciativa: 50 personalidades firmaron el Manifiesto de las Empresas con Propósito, 400 organizaciones y más de 30.000 personas apoyaron las SBIC. Ahora, un grupo de personas de reputada experiencia de la sociedad civil, con el apoyo del Colegio de Registradores, ha desarrollado el Código de Buenas Prácticas para las SBIC, que recoge los principios y recomendaciones que toda empresa que quiera devenir SBIC debería seguir y que contiene los fundamentos del futuro reglamento.
Hemos llegado muy lejos y ahora falta dar un último paso para situar a España a la vanguardia de los Estados Miembro que reconocen a esta tipología de sociedades. Esta medida no sólo tiene sentido social, sino también económico. Son varias las investigaciones que señalan cómo las empresas gestionadas de acuerdo con estos principios contribuyen al progreso social y económico: pueden esperar un crecimiento más rápido del volumen de negocio y de la plantilla; mayor retención de empleados y de diversidad, y mayores niveles de innovación. Se trata de un cambio beneficioso para las empresas, las comunidades y el planeta.
Probablemente, las próximas generaciones se preguntarán con incredulidad por qué razón las empresas tenían únicamente el objetivo de crear beneficios económicos y no generar también beneficios sociales y ambientales. Logremos que se formulen esta pregunta lo antes posible.
