El adelanto de las elecciones generales ha supuesto una gran sorpresa para todos los españoles, y levanta multitud de incógnitas en torno a proyectos de ley clave que aún no han visto la luz.
Esta situación de incertidumbre se ha extendido rápidamente a otras normativas como la Ley Crea y Crece, una de las principales del plan de recuperación, que pese a entrar en vigor el pasado 19 de octubre de 2022, y estar aprobada en su mayoría, aún existen algunas excepciones respecto a sus plazos de aplicación.
Es comprensible que exista preocupación acerca de cómo este proceso electoral podría llegar a afectar a la continuidad y prioridad que se le dará a este reglamento de facturación electrónica.
Sin embargo, es fundamental recordar que la Ley Crea y Crece fue aprobada por un amplio consenso en el parlamento, lo cual refleja el reconocimiento y la importancia que desempeña esta ley para impulsar la digitalización de la economía.
La Ley Crea y Crece tiene la virtud de ser la primera normativa en la historia de nuestro país que introduce la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresas y autónomos.
De acuerdo con lo previsto, esta medida afectará, en primer lugar, a empresarios cuya facturación sea superior a los 8 millones de euros, los cuales deberán operar con factura electrónica, como máximo, un año después de la aprobación del desarrollo reglamentario. El resto de las compañías y profesionales contarán con otro año más de adaptación. La masificación de la factura electrónica está, además, alineada con otras iniciativas impulsadas desde la Unión Europea, como el proyecto VAT in the Digital Age -ViDA-, un sistema de información digital en tiempo real basado en la facturación electrónica.
La factura electrónica desempeña un papel esencial para la transformación digital de las empresas. El valor añadido que esta herramienta ofrece en términos de eficiencia, ahorro de costes y agilidad en los procesos comerciales, es innegable en esta era digital.
Es compresible que las elecciones generales desvíen la atención y los recursos hacia diferentes aspectos políticos, pero el proyecto del desarrollo reglamentario que define el modelo de facturación electrónica a implementar en nuestro país ya se ha publicado, lo que indica un firme compromiso para avanzar con su masificación.
La implementación de la factura electrónica no sólo es importante para el desarrollo económico de nuestro país, lo es también para mantener la competitividad y el ritmo de crecimiento en un escenario global cada vez más digitalizado.
Su obligatoriedad no es el único factor que está impulsando la transformación digital en las relaciones comerciales. Sólo en 2022, el uso de la factura electrónica experimentó un crecimiento sólido de más del 31% respecto al ejercicio anterior, y se mantuvo al alza gracias a los beneficios derivados de la automatización de procesos.
Por todo ello, la masificación de la factura electrónica supone un paso importante para cumplir con el calendario de reformas e inversiones establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así mismo, la digitalización de los procesos comerciales no debe ser vista como una cuestión partidista, sino como una necesidad estratégica para el desarrollo económico y la modernización de España.
Desde SERES, estamos en colaboración y contacto constante con los equipos responsables del desarrollo técnico de la normativa, que supondrá un gran impulso para el tejido empresarial español.
Además, si tenemos en cuenta las tendencias internacionales, todo indica que tarde o temprano las compañías acabarán adoptando la factura electrónica para continuar con sus relaciones comerciales, ya sea por decisión propia o por requerimiento de clientes y proveedores.
Como siempre, saber anticiparse a los acontecimientos, digitalizar los procesos, agilizar y optimizar el uso de la factura electrónica, será una ventaja adicional para aquellos que tomen la iniciativa de hacerlo.
