El profesor Pablo de Lora es un intelectual de los pocos que no se callan (o mejor dicho, de los que no se acojonan). Quizá por eso escribió el otro día un artículo tan valiente como imprescindible sobre el uso de la violencia de los varones contra las mujeres: "En España, se ha instalado un fabuloso entramado institucional y normativo que atiende de manera específica la violencia de los hombres contra las mujeres que son o han sido su pareja; una jurisdicción específica; un aparato de contabilidad, alerta y concienciación continua a través de los medios de comunicación y canales oficiales, portavoces que, en cada ocasión en la que se produce el asesinato de una mujer, y sin mayor constatación ni contraste sobre las circunstancias del hecho, dan por descontado que el poder masculino se ha vuelto a manifestar y nos advierten de lo poquísimo que se ha hecho y de lo muchísimo que queda por desmontar en el sistema heteropatriarcal que nos asola".
Y es que la llamada violencia de género se ha tomado socialmente como un axioma y por tanto no precisa demostración y es utilizado por personas con la intención de cambiar las reglas del juego legales e imponernos un lenguaje. Vamos, que quieren imponer cuándo, cómo y bajo qué presupuestos se opina, se estudia o se legisla.
Lo que está ocurriendo de cara a las elecciones del 23 de julio no hace sino corroborar lo dicho. Así ha ocurrido en Valencia con un candidato de Vox condenado hace más de veinte años por violencia verbal contra su esposa en torno a su divorcio. ¿Es que esos delitos no tienen fecha de caducidad?
Comparemos, como hace de Lora: "Calibren ustedes el desvarío que supone que hoy en España sea infinitamente más problemática la aparición en la escena política de quien hace dos décadas pagó ante la justicia por haber ejercido violencia psicológica contra su exmujer que quien en su día secuestró, o dio cobertura política a los coches bomba, al secuestro o al asesinato a sangre fría del rival político o del ciudadano común".
Por cierto que esa violencia de hombres contra mujeres es menor en España que en el conjunto de la UE. Por otro lado, el Gobierno no ha tenido ningún reparo en indultar a dos secuestradoras de sus hijos, Juana Rivas y María Sevilla, que fueron condenadas por ello en sentencias firmes.
Y es que el problema, que sin duda existe, no se analiza ni es motivo de estadísticas fiables. Para empezar, jamás se publica la nacionalidad de los agresores ni de los asesinos. También se oculta cuántas denuncias son falsas.
Además, saltándose la igualdad ante la ley que proclama nuestra Constitución, si quien comete el delito es el varón y la víctima es su pareja o expareja, su castigo será mayor que si la autora es una mujer. Se aplica una sanción mayor simplemente por ser hombre. En efecto, se nace machista y se sigue siéndolo. Salvo que acuda uno al procedimiento de modificación del sexo en el Registro Civil que consagra la autodeterminación de género.
