El empleo en el sector público estatal creció a tasas interanuales cercanas al 8% en mayo, casi el triple que lo hizo en la economía privada. El dato es sorprendente en el contexto en el que se registra. Pese al dinamismo de la actividad de empresas y autónomos en los primeros meses del año, que les permitió crear puestos de trabajo a un ritmo mayor que comunidades y ayuntamientos a puertas comicios del 28 de mayo, el Gobierno pisó el acelerador de la contratación pública.
Lo hizo especialmente entre los funcionarios propiamente dichos, que suponen 6 de cada diez nuevos afiliados, seguidos a distancia de las contrataciones para Correos o la SEPI. Algo que apunta movimientos claros dirigidos desde Moncloa para preparar la recta final de la Legislatura que se ha caracterizado por un fichaje récord de asesores y cargos políticos a los que ahora hay que buscar una salida ante la posibilidad de un revés en las próximas generales.
Más allá de interpretaciones en clave electoral, lo que revelan los datos es que la prioridad del Ejecutivo ha sido engordar el empleo en las administraciones más que en las empresas. Lo hace además sin la excusa de impulsar la contratación de trabajadores de servicios públicos esenciales como los de la Sanidad o Educación, ya que estos dependen de las comunidades autónomas. Lo que queda claro es que estos datos levan a máximos una brecha que empezó a abrirse desde la llega de Pedro Sánchez a la Moncloa y se agravó con la su acuerdo con Unidas Podemos.
La recuperación del empleo tras la pandemia no se ha hecho de manera equilibrada. Hoy, la distancia entre la España productiva y la España funcionaria es mayor que nunca, y se convierte en un lastre inevitable.